El pleno del Congreso ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad del PP, Cs, PDeCAT, PNV, JxCAT y ERC al proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, tras un acuerdo a última hora con ERC que permite al Gobierno continuar con su tramitación. El acuerdo firmado supone la garantía por escrito de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, de que el texto final de la ley contendrá un «respeto escrupuloso del marco competencial en materia de vivienda» y será fruto de la «negociación con las fuerzas parlamentarias progresistas». Raquel Sánchez, que ha defendido la necesidad de reconocer la vivienda como quinto pilar del Estado del bienestar, ha ratificado su compromiso desde la tribuna y se ha mostrado dispuesta a «reforzar» el texto tanto en el ámbito competencial como de garantía de derechos en la negociación de las enmiendas parciales. «Tienen nuestro compromiso de que el texto resultante será respetuoso con los títulos competenciales delimitados en la Constitución Española, con las competencias exclusivas que en materia de vivienda tienen las comunidades autónomas, con las competencias contenidas en los estatutos de autonomía y, por tanto, también, con las del Estatuto de Autonomía de Cataluña», ha afirmado.
Sin esta promesa, ERC habría apoyado las enmiendas a la totalidad del PP, Cs, PDeCAT, PNV y JxCAT, que se han votado en bloque, y éstas hubiesen salido adelante, lo que hubiera significado la devolución al Ejecutivo de su proyecto de ley. La ministra ha hecho hincapié en que la Ley por el Derecho a la Vivienda está llamada a ser «el motor que, junto con la acción de las comunidades y ayuntamientos, nos conduzca a garantizar una oferta de viviendas asequibles suficiente para los jóvenes, los desempleados y todos lo que no pueden acceder a ella». Ha recordado que la ley recoge medidas -que irán acompañadas de una fuerte inversión procedente de los fondos europeos- para aumentar el parque de vivienda social, que en la actualidad supone el 2,5 % del parque residencial en España, frente al 4 % de media europea.
También ha destacado las medidas fiscales que prevé para el fomento del alquiler asequible en el mercado libre, y ha subrayado que el texto «habilita» a las comunidades autónomas para «adoptar otras medidas más intensas ante situaciones cronificadas en zonas de precios tensionados» debido a la «especulación de grandes tenedores». En este punto ha incidido en que las limitaciones de rentas están «diseñadas para casos excepcionales de distorsión de precios de alquileres» y en que tienen una duración limitada. La diputada de ERC Pilar Vallugera ha dicho que su grupo no le reconoce competencias al Estado para legislar en materia de vivienda, «porque no las tiene», pero ha admitido que tienen que producirse modificaciones legislativas en ámbitos que sí son de su competencia para que la normas catalanas tengan efecto y aplicación en los tribunales. Tras recordar al Ejecutivo que «no tienen los votos para legislar a su antojo», Vallugera ha enumerado sus «líneas rojas» de cara a la negociación del texto final de la ley, entre ellas, la preservación de la contención de rentas que opera en Cataluña, la no invocación del artículo 149.1 de la Constitución y mantener a salvo la competencia exclusiva sobre el derecho civil propio de Cataluña y la competencia exclusiva en vivienda y suelo.
Los representantes del PNV, PDeCAT y JxCAT también han basado su rechazo al proyecto de ley en que éste invade las competencias de las comunidades autónomas, mientras que el PP y Cs han coincidido en que vulnera además la ley de propiedad privada. La 'popular' María Zurita ha sostenido que el Gobierno debería acordar esta ley con el principal partido de la oposición y que tendría que «proteger al propietario frente a una ocupación y no al delincuente». Vox, que ha apoyado las peticiones de devolución -al igual que Coalición Canaria, y UPN- ha criticado la intervención de la ley en el sector inmobiliario, mientras que Más País, Compromís y EH Bildu han respaldado el texto alternativo de ERC.