La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha respondido este jueves a las críticas que ha generado la posible inclusión en la reforma de la ley del aborto de una baja laboral por regla dolorosa. A su juicio, si el Estado se encarga de estas, los empresarios no la podrán ver como algo discriminatorio para la mujer. Rosell ha sido preguntada, en rueda de prensa, por el contenido de este anteproyecto de ley que, previsiblemente, se aprobará en el Consejo de Ministros del martes en primera lectura.
La delegada ha respondido a este tema a pesar de que, según ha indicado, esto no implique que la medida se encuentre incluida en la norma. De hecho, ha indicado que la reforma sigue en «negociación dentro del Gobierno» y se ha negado a comentar su contenido porque, según ha indicado, no puede «afirmar un extremo que pueda variar» luego.
El propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este jueves que la baja de las mujeres por la menstruación está «en discusión» en el Gobierno. Lo que sí ha destacado Rosell en su intervención es que, con esta iniciativa, el Gobierno está «instalando por primera vez en la opinión pública» los «términos de buen trato» en la medicina obstétrica y ginecológica, así como «la pobreza menstrual».
Por su parte, los obispos también se han pronunciado, aunque en su caso han puesto el foco en el hecho en sí mismo del aborto y no en otros puntos más novedosos del nuevo texto con que trabaja el Gobierno. De este modo el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, critica el «eufemismo» de llamar interrupción del embarazo a lo que, en su opinión, no es más que admitir «el derecho del fuerte contra el débil a eliminar una nueva vida». «Asumámoslo», ha insistido el portavoz de los obispos en un encuentro con periodistas en vísperas de que el Consejo de Ministros apruebe la nueva ley del aborto. Argüello ha reiterado que existen suficientes evidencias científicas, en función de los avances en genética y en las técnicas de ecografía, como para afirmar que «en el seno de una mujer embarazada hay una nueva vida; una realidad nueva, una persona nueva».
No puede afrontarse esta cuestión como un derecho exclusivo de la mujer respecto a su cuerpo, ya que la ciencia evidencia que hay una segunda vida en juego y -ha añadido el secretario general de la Conferencia Episcopal- también es importante el papel del padre, al que hay que preguntar. En su opinión, en un momento de invierno demográfico, no tiene sentido que haya 100.000 abortos anuales en España, sino que debe generarse un movimiento a favor de la vida. En referencia a aspectos concretos de la nueva ley, Argüello ha subrayado que, mientras se considera un ejercicio de violencia la maternidad subrogada, se obvia que es «mucho más violento eliminar una vida nueva».
Especialmente crítico se ha mostrado con «la manera sibilina de restringir la objeción de conciencia» de los médicos, como en su opinión ya se hizo en el caso de la eutanasia. Argüello, que ha destacado que la conciencia es el fundamento de todos los derechos, ha dicho que pedir a los médicos que tengan que dar un paso adelante registrándose como potenciales objetores, es un paso más en la restricción de derechos fundamentales. También el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, se ha referido ante los periodistas al aborto y ha criticado el déficit de apoyo a la familia en España al asegurar que es el país europeo en el que menos se está apoyando a la familia.