Aunque el agua procedente de las plantas desalinizadoras que salpican la costa española supone un alivio para la escasez hídrica de algunas regiones, sus elevados costes de operación y sus impactos sobre el medio marino hacen que su uso sea menos sostenible que el ahorro de agua y la concienciación sobre su uso, según los expertos consultados por Efe. Según los datos del ZINNAE, un clúster aragonés centrado en el uso eficiente del agua, en España hay instaladas un total de 765 plantas desalinizadoras, localizadas principalmente en la zona levantina y en las regiones insulares, aunque algunas «se encuentran paralizadas al no ser económicamente viables».
La razón de su alto precio es que «se necesita una cantidad notable de electricidad para calentar el agua en la planta térmica, a lo que se suman los costes de bombeo para la captación de agua de mar», unos métodos que requieren alrededor de 4 kWh de energía para producir 1 metro cúbico de agua de mar desalinizada. Además, las membranas de ósmosis inversa, la tecnología de desalación más extendida, se deterioran si la utilización de la instalación no es continua, por lo que «no se pueden poner en marcha en función de la demanda de agua, debido a los costes que supondría tanto a nivel energético como de equipos».
A su alto precio se suman los impactos sobre los ecosistemas marinos, ya que el proceso de desalinización genera grandes cantidades de salmuera, un subproducto dañino para la vida submarina por su elevada salinidad. A pesar de sus inconvenientes, la desalinización también tiene ventajas, especialmente en entornos insulares que no disponen de recursos propios para el abastecimiento, como Gran Canaria, «el lugar del mundo con mayor número de desalinizadoras por km2», explica el doctor en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña, Emilio Custodio.
Sin embargo, el abastecimiento urbano no es el mayor obstáculo, sino que «el problema está en la agricultura, el gran consumidor de agua, que tiene un límite en lo que está dispuesto a pagar por el agua», un precio que en el caso de una desaladora que no esté operativa todo el año, «puede superar los 2 euros el metro cúbico, algo inasumible para muchos agricultores»: «Sí se puede regar con agua desalinizada, el problema es su contenido en boro que, aunque la vuelve potable, es demasiado alto para algunos cultivos», por lo que lo que los agricultores «la mezclan con agua de trasvase o de acuífero».
De hecho, desde el ZINNAE señalan que «si bien solo el 3 % del agua desalada se usa para la agricultura a nivel mundial, en España ese porcentaje llega hasta el 23 %», aunque aumentar su producción para regar los campos «requeriría grandes necesidades de energía para la captación, tratamiento y gestión de la salmuera, lo que supone un elevado coste económico y medioambiental». El coordinador del área de agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, recuerda que más allá de su elevado consumo energético, se suma la salmuera, que «acaba con las praderas submarinas de posidonia», ya que estas no pueden soportar «más de 42 gramos de sal por litro».
Además de contribuir a la pérdida de estos valiosos ecosistemas marinos, «el hecho de disponer de más agua gracias a la desalación podría incrementar el consumo, lo que nos llevaría a una situación más insostenible», asegura. Los ecologistas no contemplan «la desalación de manera continuada como parte del sistema de abastecimiento», salvo «en aquellas islas en las que es indispensable», como en Canarias. «Tenemos más regadíos de los que nos podemos permitir», subraya Martín Barajas, que recuerda que esta actividad representa el «85 % de gasto de agua en España», por lo que «hay que reducir la superficie, no regarla con agua desalada», ya que «la desalación es el último recurso para dar de beber a la población».
Desde el ZINNAE señalan que, para combatir la escasez de recursos hídricos, «hay que dar un cambio radical al valor que se da a su uso», muchas veces minusvalorado «por su bajo coste», especialmente si se compara con otros recursos, como los energéticos. Por tanto, «el ahorro de agua y la concienciación sobre su uso supone una herramienta clave para abordar la escasez hídrica», un desafío que «involucra a todos los consumidores: población, industria, turismo, comercio y agricultura».