El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, formalizará este lunes su dimisión, según ha informado este domingo el órgano de gobierno de los jueces. En un comunicado, el CGPJ explica que hoy ha acabado el plazo anunciado a los vocales del Consejo «sin que Gobierno y oposición hayan alcanzado un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces o para la devolución de sus competencias», por lo que ha decidido cesar de inmediato en las funciones que le corresponden legalmente, según ha señalado en una declaración.
Lesmes formulará este lunes su renuncia al cargo al amparo de lo establecido en el artículo 588.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que será efectiva una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el real decreto correspondiente. En su declaración, Lesmes asegura que después del llamamiento al Gobierno y al PP para que pusieran solución definitiva a la «insostenible» situación del Supremo y el CGPJ y de las exhortaciones en el mismo sentido hechas por el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, «los contactos desarrollados estos últimos días, de los que he sido informado, no han dado resultado positivo alguno».
«Perdida toda esperanza de rectificación y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que no puedo evitar, mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad y sería además contraria a mi propia conciencia profesional», asevera el presidente del Supremo y del CGPJ. Por ello, añade, «se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable», ha señalado en su declaración.
Lesmes solicitará de forma inmediata volver al servicio activo en la Carrera Judicial y se incorporará a su destino en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ya cuenta con 9 vacantes y que de este modo, ante la próxima jubilación de uno de sus magistrados, podrá mantener al menos por un tiempo el mínimo imprescindible de integrantes para constituir sus secciones de enjuiciamiento.
No se exactamente qué cambio legislativo ha hecho el Gobierno, pero bien hecho está sí ha forzado a este hombre a dimitir. Que el PP tenga secuestrado uno de los tres poderes de nuestra democracia es posiblemente lo más grave que ha sucedido en España en los últimos años, legalmente hablando. Tiene suerte el PP de la ignorancia de la gente de este país, que no se entera ni le penaliza por estas acciones antidemocráticas, partidistas y anticonstitucionales.