El Banco de España calcula que por cada punto porcentual de revalorización de las pensiones con el Índice de Precios de Consumo (IPC), el gasto agregado de esta partida presupuestaria aumentaría en unos 1.800 millones de euros, por lo que una subida de la inflación del 8,5% --planteada por el Gobierno en los PGE de 2023--, supondría unos 15.300 millones. Así lo ha detallado el gobernador del Banco de España durante su intervención este lunes en la Comisión de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 en el Congreso de los Diputados para explicar las nuevas cuentas. En total, el Gobierno destinará 190.687 millones de euros a las pensiones en 2023, lo que se traduce en una subida del 11,4% respecto a la partida de 2022, debido a la actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC, que el Gobierno estima en un alza del entorno del 8,5%.
El gobernador del Banco de España ha vuelto a reiterar su recomendación de que, ante el escenario adverso actual, se eviten cláusulas de indicación automática del gasto público con el fin de acompañar el pacto de rentas del sector privado. Eso sí, el gobernador ha aclarado que su postura, en favor de la protección de los más vulnerables ante el episodio inflacionista, es que se indicien las pensiones mínimas, aunque no el resto. «Hay una pérdida de bienestar y lo único que podemos hacer es repartir el coste», ha enfatizado. Aunque desde el Banco de España se apuesta por incluir a los pensionistas en el coyuntural y temporal pacto de rentas, el gobernador ha reiterado que esto es una «visión completamente distinta» a lo que supone la indexación de las pensiones con la inflación de manera estructural, tal y como lo ha decidido el Parlamento.
Eso sí, según ha advertido el gobernador, las tendencias demográficas que se esperan en los próximos años en España generarán una presión sobre el gasto público muy significativa asociada al sistema de pensiones, lo que hace indispensable, en su opinión, «un análisis específico de los principales aspectos y reformas de dicho sistema». Por ello, ha señalado que el hecho de hacer frente a los incrementos del gasto en pensiones que se derivarán del envejecimiento poblacional requerirá de nuevas actuaciones en el futuro por el lado de los ingresos, de los gastos o de ambos. En este sentido, el Banco de España ha venido señalando durante los últimos años la conveniencia de reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas, asegurando un nivel suficiente para los hogares más vulnerables.
Además, Hernández de Cos ha señalado que se deberían analizar las consecuencias redistributivas y en términos de equidad intergeneracional de las reformas planteadas futuras. Asimismo, ha calificado como «deseable» que se dote al sistema de una mayor transparencia y previsibilidad, con objeto de ofrecer certidumbre a los ciudadanos y de facilitar la toma de decisiones en los ámbitos del ahorro, el trabajo y la jubilación. En este sentido, el gobernador ha indicado que podría ser conveniente valorar la introducción de mecanismos automáticos de ajuste que adapten algunos parámetros del sistema a los cambios que se produzcan en las dinámicas demográficas y económicas.
1.400 MILLONES POR REMUNERACIÓN DE FUNCIONARIOS
Respecto al impacto en las cuentas de la subida de sueldos de funcionarios, el Banco de España calcula que por cada punto porcentual de revalorización de la remuneración de los asalariados públicos, el gasto de personal se elevaría en aproximadamente 1.400 millones de euros. De cara al próximo año, las retribuciones públicas se elevarán un 2,5% y se podrán incrementar hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal. Los funcionarios recibirán un 0,5% más si la suma del IPC armonizado de 2022 y del IPC armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%. La otra variable, también del 0,5%, se aplicará si el PIB nominal iguala o supera el estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE de 2023.