El Gobierno ha aprobado el real decreto que incorpora el nuevo reglamento de ordenación de la navegación marítima, con el que pretende mejorar la seguridad y la protección del medio marino. El Consejo de Ministros ha aprobado este reglamento para modernizar el régimen de la navegación de los buques que transitan por los espacios marítimos en los que España tiene soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, según ha informado hoy el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).
La nueva norma, que ha sido elaborada por la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) de este Ministerio, tiene como objetivo principal mejorar la seguridad marítima y la protección del medio ambiente y simplificar la burocracia mediante el uso de aplicaciones electrónicas que facilitan los trámites exigidos a las navieras para realizar su actividad en el mar.
Entre las novedades más importantes el Ministerio ha destacado la regulación de la autorización de entrada y estancia de buques y embarcaciones en los espacios marítimos españoles y las operaciones fuera de límite, lo que implica que los buques que transporten mercancías peligrosas o representen un peligro potencial (porque estén averiados, o porque soliciten asistencia o refugio) necesitarán una autorización expresa para navegar por aguas españolas.
Las Capitanías Marítimas, dependientes de la Dirección General de la Marina Mercante, podrán adoptar medidas para prevenir los riesgos que puedan representar este tipo de buques y expulsarlos de los espacios marítimos españoles en determinadas circunstancias. También introduce mejoras en los trámites que tienen que realizar las armadoras a la hora de solicitar el despacho y el enrole y desenrole de las tripulaciones, ha informado el Ministerio.
Según el nuevo Reglamento, y con carácter general, se concederá el despacho del buque -necesario antes de emprender una travesía- y la autorización de embarque y desembarque de la tripulación mediante una declaración responsable y la presentación de la documentación por parte del armador, aunque la Administración marítima tendrá después que supervisarlo. Esta norma abre el camino de otras reformas ya iniciadas para simplificar las medidas establecidas en la regulación reglamentaria de la Marina Mercante española, lo que favorecerá una mayor seguridad jurídica, tanto para la propia Administración como para los navieros españoles, según el Ministerio.