Jueces y fiscales han firmado este martes un acuerdo con el Gobierno que contempla una subida salarial progresiva hasta alcanzar unos 450 euros brutos más al mes y un aumento de 200 plazas para las carreras judicial y fiscal entre este año y el próximo.
Los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública han cerrado así un pacto con seis de las siete asociaciones profesionales, ya que la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) decidió no formar parte del acuerdo por considerarlo «insuficiente, indigno e inaceptable», aunque toda la carrera judicial y fiscal se beneficiará de las mejoras pactadas.
Tampoco la mayoría de las organizaciones firmantes está satisfecha con el trato alcanzado, que no es el que habrían «deseado», ha dicho a los medios la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, a su salida del acto de la firma, que ha calificado de «formal, pero no frío» y en el que han participado los secretarios de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y de Función Pública, Lidia Sánchez Milán. Para el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, el acuerdo final es «lo máximo que se podía conseguir», aunque considera que si «hubiera sido unánime (...), habría sido mejor».
«Tenemos que reclamar todos lo mismo y todos juntos. Es una lección para próximas negociaciones», ha dicho en referencia a la ausencia de la APM. «La unidad es lo que nos hace a todos más fuertes», ha considerado, por su parte, Dexeus. No obstante, ambos portavoces han señalado que el pacto es un «avance» y que permite «seguir resolviendo cuestiones que afectan a la administración de Justicia y a las carreras profesionales».
Para ello, se constituirán grupos de trabajo permanentes y una comisión de seguimiento del acuerdo, en la que participarán las asociaciones firmantes y que resolverá las dudas que se deriven de la aplicación del pacto, ha informado el Ministerio en una nota. Además, la mesa de retribuciones pasará de tener que reunirse cada cinco años a hacerlo anualmente. El acuerdo incluye un paquete de 46,7 millones de euros para mejorar las retribuciones de jueces y fiscales y un aumento de 200 plazas en ambas carreras entre 2023 y 2024, que se sumarán a las 400 ya aprobadas para dicho periodo.
Los operadores jurídicos percibirán el total de la subida en julio de 2024, tras sendas subidas parciales, una antes de octubre y con carácter retroactivo desde enero, y otra en enero de 2024. El documento, al que ha tenido acceso EFE, estipula que en los próximos cinco años deberá abordarse la retribución de las guardias, retribuciones variables, trienios, carrera profesional, grupos de población y otros complementos por circunstancias especiales.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pese a formar también parte de la mesa de retribuciones, no ha acudido a la firma del acuerdo, pues alega que no ha sido convocado «de forma efectiva» aunque sí ha recibido un correo electrónico recordando el acto. Por esta razón y porque considera «inútil» valorar el pacto una vez firmado, el órgano de gobierno de los jueces ha informado de que finalmente no celebrará el miércoles el Pleno extraordinario previsto para estudiar el acuerdo de la mesa de retribuciones.
Mientras se producía la firma, en torno a una decena de funcionarios de juzgados y tribunales ha acudido a la puerta del Ministerio a protestar para exigir que se retomen las negociaciones con ellos durante su segunda jornada de huelga indefinida. Los funcionarios llevan más de un mes de paros y movilizaciones, y la última reunión que mantuvieron fue el 24 de abril.
«¿Y ahora qué? ¿Cuándo nos convocas?», han gritado frente al Ministerio de Justicia los manifestantes, en alusión a la ministra, Pilar Llop. Este miércoles también está llamado a una huelga general para exigir «condiciones de trabajo dignas» el personal laboral de la administración de Justicia de las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en esta materia: Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla.
Todo un logro esta subida teniendo en cuenta su efectividad: nunca la gente desconfió tanto de un servicio público como la Justicia. Cualquier subida salarial debiera estar justificada por unos resultados, que no se dan en absoluto. Son un ejemplo del mal funcionamiento de los servicios públicos.