El año 2024 debe de ser el del despegue de la eólica marina. Así lo espera este sector, expectante ante la promesa por parte del Gobierno de concretar sus planes. Iba hacerlo y no lo hizo antes de que terminara 2023 y ahora se espera que todo quede bien definido en el primer trimestre de este año. El sector eólico reclama que se convoque a continuación una primera subasta para que empiecen a arrancar las inversiones reales en localizaciones concretas y que fije qué criterios tendrán que cumplir las eléctricas para adjudicarse la generación en los distintos puntos. Si no se empieza ya en los próximos meses, advierte de que no será posible que España cuente en 2030 con 3.000 megavatios (MW) de potencia instalada, tal y como figura en los planes de Transición Ecológica.
2023 se saldó con un gran paso adelante para la eólica marina pero también con una frustración. Por una parte, tras años de largas y complicadas negociaciones, el Ministerio de Transición Ecológica diseñó y aprobó en febrero los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), que por primera vez incluía la generación de energía eólica entre los usos que podía dársele a determinadas zonas en cinco demarcaciones marítimas que en conjunto suman 5.000 kilómetros cuadrados a lo largo de 10.000 kilómetros de costa.
En concreto, el departamento de Teresa Ribera determinó 19 zonas en las que podrían plantarse aerogeneradores marítimos, que convivirían con actividades de pesca, actividades recreativas o de investigación biológica. Se bosquejaba así la eólica offshore, ya a pleno rendimiento en Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Países Bajos en la UE y Reino Unido y Noruega también en Europa, pero que en España se limita de momento a proyectos experimentales, frente a las costas Canarias y a las del País Vasco.
Patada inicial
Todavía quedan muchos años hasta la fecha prevista de 2030 para que empiece a dar sus frutos, es decir, a generar electricidad. Sin embargo, el sector avisa que todo lo que no se haga ya en 2024 alejará cada vez más la posibilidad de sumar esta tecnología a la producción eléctrica de origen renovable que el Gobierno quiere disparar en la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Allí se prevé que en 2030 la potencia instalada de eólica marina sea de 3.000 MW, que representa un 4,8% de la potencia instalada de eólica terrestre que quiere el Gobierno para esa fecha, 62.000 megavatios.
La Asociación de Empresas Eólicas (AEE) es más ambiciosa sobre la presencia de energías renovables para dentro de seis años y en sus alegaciones al PNIEC planteó a Transición Ecológica que, en lugar de 62.000 MW, se podrían instalar 63.583 de eólica. Sí está en línea con respecto a los 3.000 Mw de eólica marina, que advierte de que solo será posible conseguir si ya en 2024 se lanza la primera subasta.
"La eólica marina la vamos a ver, como pronto, en 2030, pero para eso ya llegamos tarde", decía hace unas semanas el presidente de la AEE, Juan Diego Díaz Vega. Casi a finales de diciembre, el sector aún confiaba en que, como prometió en repetidas ocasiones, Transición Ecológica lanzara una consulta pública para definir cómo se desplegará. Finalmente no fue así y tendrá que esperar ya empezado 2024 para "aclarar la regulación" sobre la eólica marina. "El horizonte es que haya una subasta el año que viene [por 2024], tiene que haber un kick off [patada inicial] oficial para desarrollarla", decía Díaz Vega.
Solo Canarias o también el resto
El sector necesita saber, por ejemplo, si su implantación en España empezará solo por Canarias o se hará una apuesta simultánea en las otras demarcaciones en las que se ubican "zonas de alto potencial" para eólica marina. Esto no está claro porque, como sucede cuando se trata de poner en tierra un parque fotovoltaico, los planes para convertir a España en país productor de electricidad con eólica marina ha puesto a algunas comunidades en pie de guerra incluso antes de empezar, aunque en otras ha sucedido todo lo contrario.
Los pescadores gallegos fueron durante años uno de los huesos de roer para el Ministerio en la elaboración de los POEM -la mayoría de las zonas y las más amplias para eólica marina se ubican frente a las costas gallegas y asturianas- y su aprobación a principios de 2023 provocó protestas durante semanas por parte de las cofradías de pescadores en el norte de España. Por el contrario, Canarias ha acogido con satisfacción colectiva ser otro de los lugares donde más electricidad con eólica marina, que ve como una vía para acabar con sus cortes de suministro. "Nuestra voluntad es alcanzar la mayor soberanía energética y la previsión es que la eólica marina produzca más energía de la que necesita la isla", decía en octubre el consejero canario de Transición Ecológica, Mariano Hernández, miembro de una coalición de Coalición Canaria y PP en un archipiélago donde tampoco hay diferencias sobre esta cuestión con el PSOE y otros partidos regionalistas.
En consecuencia, Ribera planteó entonces que la eólica marina podría empezar "por aquellos territorios donde haya voluntad mayor y confirmada de hacerlo cuanto antes y estaremos pendientes de si es el caso en algunos polígonos diseñados en los POEM en el área canaria". Esta es una de las cuestiones sobre las que el sector eólico espera con impaciencia una concreción y reclama una subasta ya para 2024. "No sabemos si será grande o pequeña, regionalizada, si será Canarias primero y luego la Península, no sabemos", afirmaba el presidente de la AEE a finales de diciembre. Sabía que Transición Ecológica tenían los "planes muy avanzados" pero finalmente no los dio a conocer antes de que terminara 2023.
Otra de las incógnitas que tiene que resolver en estos primeros compases de la eólica marina es qué requisitos tendrán que cumplir las compañías eléctricas que quieran explotar las distintas zonas donde puede ubicarse la eólica marina. Hasta ahora, las subastas de renovables tenían en cuenta el tipo de tecnología o la generación prevista y sobre todo el precio más bajo de la puja. Pero el plan de la Comisión Europea -aplaudido con fervor por el sector eólico español- para que esta industria europea vuelva a ser competitiva en el mundo y pueda defenderse de competidores internacionales tan agresivos como China pasa por introducir criterios tecnológicos de calidad, de I+D o de ciberseguridad que también deberán aclararse en 2024. En palabras de Díaz Vega, "ya no vale decir solo los aerogeneradores más baratos", las empresas tendrán que poder introducir otros valores de calidad.