El Ministerio de Sanidad pedirá este lunes a las comunidades que implanten el uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios, una medida que se aplicaría de forma transitoria mientras dure el pico epidémico de la gripe y otros virus respiratorios, y que ya han decretado Cataluña, la Comunidad Valencia y Murcia. Así lo anunció la ministra de Sanidad, Mónica García, que trasladará esta petición a los consejeros en el marco del pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebra este lunes con el fin de «unificar criterios» y coordinar medidas ante el repunte de virus respiratorios.
Con la imposición de la mascarilla en centros sanitarios se recupera una medida que decayó hace seis meses, el 5 de julio de 2023, cuando se publicó en el BOE el acuerdo del Consejo de Ministros por el que su uso dejaba de ser obligatorio en centros y servicios sanitarios y sociosanitarios y farmacias. Aunque durante la pandemia de la COVID-19, el Gobierno recurrió a decretos leyes para regular el uso de las mascarillas, la decisión de implantar o no su uso obligatorio es «responsabilidad» de las comunidades autónomas, como ha admitido la ministra Mónica García, que ha brindado el apoyo de su Ministerio para «coordinar» la medida, pero respetando el ejercicio de las competencias autonómicas. Además de Cataluña, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, el Gobierno de Aragón ha aprobado la medida pero de manera parcial, ya que la obligatoriedad solo será para profesionales sanitarios y de cuidados en centros socisanitarios. Madrid ha sido la comunidad que se ha mostrado más reacia a obligar al uso de la mascarilla en centros sanitarios, medida que ha descartado imponer. Por tanto, en esta autonomía el uso en centros de salud, hospitales y socisanitarios será «recomendable y voluntario».
Otras comunidades como Andalucía han dicho que esperarán a las recomendaciones que se hagan desde el Consejo Interterritorial si bien han acordado agilizar la vacunación, y quien lo desee podrá recibir la vacuna contra la gripe y la COVID sin cita. También Castilla-La Mancha ha avanzado que adoptará la decisión «que marquen los expertos», mientras que Canarias y Cantabria esperan a lo que concluya el Interterritorial. Comunidades como La Rioja, Asturias, Galicia, Castilla y León o Navarra se muestran, de momento, más favorables a la recomendación y en algunos casos, como la comunidad foral, argumentan que la obligatoriedad supone un ajuste normativo que «hay que estudiar a fondo». El País Vasco también ha optado, hasta ahora, por recomendar la mascarilla. Desde el Departamento de Salud reconocen que el sistema sanitario está en tensión con «momentos de sobrecarga», pero niegan que haya colapso por lo que no ven necesario recurrir a medidas drásticas. Y en Baleares solo se aconseja para personas con síntomas respiratorios.
El uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios está avalado por las sociedades de Medicina de Familia, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que incluso plantean extender la obligatoriedad al transporte público y espacios sin la adecuada ventilación. Según los últimos datos del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) del Instituto de Salud Carlos III, los ingresos hospitalarios por gripe se han incrementado un 60 % en una semana, hasta los 9,5 casos por 100.000 habitantes, 3,6 puntos más que la semana previa, y subiendo desde finales de octubre. La tasa global de infección respiratoria aguda en Atención Primaria en la última semana de diciembre es de 952,9 casos por cien mil, muy por encima de los 533,4 registrados a primeros de ese mes. Por comunidades,Castilla-La Mancha lidera la tasa más alta con 1.709,7 casos por cien mil, seguida de la Comunidad Valenciana (1.501,4), Asturias (1.318,6), Canarias (1.285,3), Melilla (1.271,4), Castilla y León (1.209,9), Aragón (1.195,2) y Navarra (1.082,4). Prácticamente igual que la media nacional se sitúa la Comunidad de Madrid (951,9 casos por cien mil habitantes) y Andalucía es la autonomía con la incidencia más baja (504,6).