La proposición de ley de amnistía llega a la Ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso, donde se debatirán las enmiendas presentadas sin que haya de inicio acuerdo sobre ellas, después de que Junts se desmarcara al presentar sus propios cambios al texto y de que el PSOE, junto a otros socios parlamentarios, registrara otro bloque de enmiendas.
El texto de la ley, de 22 páginas, presentado en solitario por el PSOE en noviembre, pasa ahora a la fase en la que se debaten las enmiendas de los grupos, ocho del PSOE con Sumar, ERC, EH Bildu y BNG; otras doce que ha registrado Junts en solitario y otras cuatro de ERC, también en solitario.
La falta de acuerdo para presentar las enmiendas, como en principio quería hacer el PSOE y sus socios, hace que ahora se abra una nueva etapa para negociar los textos y decidir qué enmiendas salen adelante y cuáles no. El dictamen que apruebe la ponencia, formada por un grupo reducido de diputados de la Comisión de Justicia, pasará a esta comisión el día 23 de enero, donde se volverán a debatir y votar las enmiendas que no hayan logrado acuerdo mañana, con el fin de que la ley de amnistía llegue al pleno previsiblemente el 30 de enero.
En cuanto al contenido de las enmiendas que se debatirán, ERC y Junts, por separado, registraron este martes en el Congreso textos similares para que los delitos de terrorismo no queden excluidos y para garantizar que, aunque haya recursos, se levanten las órdenes de detención y las prisiones preventivas.
A la propuesta común de cubrir con la amnistía también los delitos de terrorismo, que quedaban excluidos en la proposición de ley que registró el PSOE, Junts añade otra enmienda para ampliar en dos meses el periodo cubierto por la amnistía -de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023- y pide que comience el 1 de noviembre de 2011.
El objetivo de sus modificaciones es, según explicó JxCat, sortear los procedimientos «en los que, arbitraria e injustificadamente, se investiga y persigue a independentistas catalanes» por estos delitos, en referencia al caso Tsunami que se sigue en la Audiencia Nacional y en el que está imputado el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.
Por su parte, ERC pide suprimir el umbral de gravedad que se establece en la exclusión de las torturas y tratos degradantes, para limitar el margen de interpretación de los jueces. Además, varias de las enmiendas de ambas formaciones van dirigidas precisamente a evitar que posibles actuaciones judiciales retrasen la aplicación de la ley de amnistía.
En las ocho enmiendas pactadas por PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG se plantean modificaciones «técnicas» a la proposición de ley para mejorar «aspectos no esenciales» de la norma e incluir, por ejemplo, que no se puedan amnistiar delitos contra la comunidad internacional, como el genocidio. Preguntado por las enmiendas de ERC y Junts, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dijo este miércoles que «los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía» a los implicados en el proceso de independencia de Cataluña «como ya lo están en la proposición de ley» del PSOE.
El ministro ha asegurado que en la tramitación parlamentaria se va a seguir dialogando «pero siempre sobre esos principios de enmiendas técnicas que están pactadas» y que refuerzan una proposición, ha dicho, «impecable» y «absolutamente conforme con la Constitución». Este martes se ha conocido además un nuevo informe de los letrados de la Comisión de Justicia que muestra dudas de que la proposición de ley tenga cabida en la Constitución y señala que debería ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional.