El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha reprochado que se haya espiado a políticos y ha advertido que los servicios de inteligencia no fueron depurados y «están podridos», que hay jueces que tratan de imponer su voluntad política al legislador y que la ministra de Defensa, Margarita Robles, debería haber dimitido. Iglesias ha comparecido este viernes por videoconferencia ante la comisión de investigación del Parlamento catalán sobre el espionaje político, donde ha asegurado que cuando él estaba en el Gobierno no tuvo conocimiento de que el Estado había estado llevando a cabo espionaje político.
También ha considerado que el cese de la exdirectora del CNI no era suficiente sino que tendría que haber dimitido la ministra de Defensa, Margarita Robles, porque «ni siquiera fue incapaz de impedir que fuese espiado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ella misma». Después de recalcar que los problemas políticos se tienen que resolver siempre con diálogo y que es un error sustituir este último por represión y espionaje, Pablo Iglesias ha considerado que el PSOE se equivoca en su poca voluntad de rendir cuentas, «y en la dinámica de no abrir ventanas ante ciertas prácticas del Estado».
«Hubo espionaje con autorización judicial, pero también sin autorización judicial», ha recalcado a partir de lo que se ha ido conociendo hasta ahora, cuando «el espionaje debería ser un mecanismo excepcional y solo para prevenir delitos, no para utilizarlo contra un adversario político, que es algo muy grave». Según el exvicepresidente y líder fundador de Podemos, «la lucha contra el terrorismo sirvió de excusa para que no se produjera una depuración en los servicios de inteligencia del franquismo», algo que se visualiza «con la figura del comisario Villarejo».
La consecuencia, ha dicho, es que ahora «hay jueces como García Castellón que intentan imponer su visión política al Congreso de los Diputados, y las cloacas policiales y judiciales no son una excepción, siguen actuando». Ha admitido, en este sentido, que hay un cierto «golpismo judicial», puesto que «los poderes no democráticos reaccionan y tratan de imponer su voluntad por encima del poder legislativo, y esto es muy grave, lo estamos viendo con la ley de amnistía».
«Los juristas tratan de proteger la ley de amnistía de unos jueces que no han entendido que su trabajo no es el del legislador y que deben limitarse a aplicar las leyes», ha señalado Iglesias antes de alertar de que «si esto no se limpia, es una cuestión de tiempo que los poderes no democráticos se acaben imponiendo a los representantes de la soberanía popular». Iglesias ha respondido a todas las preguntas que le han planteado Marta Vilalta (ERC), Joan Canadell (JxCat), Jordi Terrades (PSC), Montserrat Vinyets (CUP) y Núria Lozano (En Comú Podem), que le han elogiado por haber comparecido ante la comisión de investigación.
Sobre el papel de la monarquía, Iglesias ha indicado que, a diferencia del rey Juan Carlos, «que tuvo la habilidad de distanciarse de la derecha española y de no ser visto como un actor político», el actual monarca «se ha convertido en un actor político conservador».
La comisión de investigación ha constatado las incomparecencias como testigos o expertos del director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno entre los años 2018 a 2021, Iván Redondo; del secretario general de administración digital del Ministerio de Asuntos Económicos, Juan Jesús Torres, y del subdirector general del Centro Criptológico Nacional, Luis Muñoz. Los incomparecientes han argumentado como razón para no declarar los dictámenes del Consejo de Estado emitidos al respecto, pero esto no ha evitado las críticas de todos los miembros de la comisión de investigación excepto del representante del PSC.