La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez-Conde, ha presentado este jueves el informe final en el que se opone a que en la causa de 'Tsunami Democràtic' se investigue por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont por su presunta implicación en los disturbios atribuidos a la plataforma independentista en el otoño de 2019 en señal de protesta por la sentencia del 'procés'.
En su informe, de 31 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, Sánchez-Conde pide que se devuelva a la Audiencia Nacional (AN) la causa al considerar que en este momento no hay indicios suficientes de criminalidad contra Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlament catalán Ruben Wagensberg, por lo que solicita que se archive.
La teniente fiscal ha enviado este jueves por la mañana su documento a la Sala Segunda del Supremo, en el que también solicita que se declare la falta de competencia del Supremo para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento sobre las personas investigadas que no son aforadas. Según ha indicado la Fiscalía General del Estado en un comunicado, el informe remitido al Supremo recoge la postura procesal del Ministerio Fiscal en esta causa.
De esta forma, Sánchez-Conde se ha alineado con el criterio del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo -quien ha estado a cargo de la causa- y del fiscal del Supremo Álvaro Redondo -quien presentó un primer informe ante la junta de fiscales de la sección primera de la Sala de lo Penal del TS que fue desestimado por mayoría-.
Fue el pasado 6 de febrero, cuando 15 miembros de dicha junta apreciaron, por 11 votos frente a 4, que había indicios suficientes para proceder contra Puigdemont y contra el diputado del Parlament Ruben Wagensberg -ambos aforados- y, por 12 a 3, que puede haber delitos de terrorismo. De esta forma, tumbaron el informe redactado por Redondo, que por contra entendió que no hay indicios racionales de criminalidad contra Puigdemont y Wagensberg, y tampoco apreció delitos de terrorismo, sino de desórdenes públicos graves, falsedad documental, coacciones y daños.
Sin embargo, los dos presidentes de la sección primera, Fidel Cadena -uno de los cuatro fiscales del juicio del 'procés'- y Joaquín Sánchez-Covisa, mostraron posturas enfrentadas: el primero en contra del informe de Redondo y el segundo a favor, lo que propició que fuese su superior jerárquica, Sánchez-Conde, quien tuviese que resolver el conflicto unificando el criterio de la Fiscalía en este asunto. Para redactar su informe, Sánchez-Conde reclamó a los fiscales del Supremo que se mostraron a favor de investigar a Puigdemont por terrorismo que le facilitaran un documento que recogiese sus conclusiones.
Cadena ha presentado el informe de 14 folios en el que defiende la necesidad de imputar al expresidente catalán toda vez que la exposición razonada del juez le señala como líder «absoluto» de 'Tsunami Democrátic' por su «patrocinio intelectual y ético». Ahora que la teniente fiscal del Supremo ha emitido el informe definitivo del Ministerio Público, el texto se elevará a la Sala de lo Penal del Supremo, donde el magistrado Juan Ramón Berdugo será el encargado de estudiar el asunto para después argumentar ante los demás magistrados si procede o no dar curso a la exposición razonada en la que el pasado noviembre el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, pidió al alto tribunal que imputara a Puigdemont por terrorismo.