El Ministerio de Cultura ha iniciado este jueves los trámites necesarios para la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Memoria Democrática, que en último caso estará en manos de los jueces. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha firmado el inicio de las actuaciones previas dirigidas a obtener información y elementos de juicio que motiven el inicio del procedimiento para instar judicialmente la extinción de la Fundación Francisco Franco.
El ministro, en un vídeo distribuido por su departamento, explica que acaba de firmar el inicio de las actuaciones previas en función del artículo 31 de la Ley de Memoria Democrática, en el que se establece que «concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo». «A estos efectos, se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales», añade el artículo leído por el ministro.
Por su parte la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha considerado que el anuncio del Ministerio de Cultura de iniciar los trámites para su extinción busca «callar a los disidentes» con Pedro Sánchez y califica de «esperpéntico» que coincida con la entrada en vigor de la ley de amnistía. En un comunicado la FNFF considera que sí cumple con los fines de interés general y actúa «siempre dentro de la legalidad».
Todo ello, con independencia de que «por razones ideológicas no se comulgue» con los contenidos que divulga que, añade, realiza «con pleno respeto y sin menosprecio hacia la dignidad de las víctimas». «Es lamentable que se ignoren otras fundaciones que fomentan el odio y el enfrentamiento entre los españoles», denuncia la Fundación Franco, que ha añadido que seguirá defendiendo «sus principios y luchando por la verdad histórica y la justicia».
Con esta base jurídica, Cultura solicita ahora un informe a la Secretaría de Memoria Democrática sobre «el posible incumplimiento de la ley por parte de dicha fundación», y abre un periodo de recopilación de informaciones en el que participarán también las asociaciones de memoria, ha explicado. Una vez concluida la instrucción y con el informe de Abogacía del Estado, «será responsabilidad de este Ministerio instar a la Justicia a la extinción de dicha fundación, teniendo los jueves la ultima palabra», subraya.
baixamanerNO LA PUEDEN DECLARAR ILEGAL… 😂🙈