El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente ecuatoguineano, Teodoro Obiang, ha frenado este jueves la declaración de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, que iba a detallar un informe que elaboró durante su etapa como relatora de la ONU y que versaría sobre la práctica de secuestros en el país africano.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el magistrado Santiago Pedraz ha decidido no celebrar la declaración de Carmena como testigo perito después de que la que fuera regidora haya explicado que no conoce el fondo de la causa. Así lo ha confirmado la propia exalcaldesa en declaraciones a los medios a la salida de su citación.
En este caso, el instructor investiga a Obiang y a otros dos miembros del gobierno de su padre por el presunto secuestro y desaparición de cuatro miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R). Las mismas fuentes indican que, durante su etapa como relatora del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, Carmena elaboró un informe en el que sostenía que en Guinea Ecuatorial se perpetraba la práctica sistemática de secuestros.
Origen de la causa
Los hechos investigados habrían acontecido en un viaje de Madrid a Yuba, donde los secuestrados habrían sido capturados el 15 de noviembre de 2019 como parte de una trampa bajo la falsa invitación de un amigo para viajar a Sudán del Sur. Según la querella, fueron «trasladados clandestinamente en un avión oficial del régimen de Guinea Ecuatorial y encerrados en un centro de detención en Oveng Asem».
«Han sido torturados y obligados a pedir perdón al líder del régimen ecuatoguineano bajo presiones frente a la TV pública de Guinea Ecuatorial», apuntaba el escrito. En el mismo se sostenía que Ovono Obiang y Obama Nchama --dos de los investigados-- habrían estado presentes tanto en el avión oficial en el que se ejecutó el secuestro como dirigiendo «algunas de las sesiones de torturas en los sótanos del centro penitenciario».
Además, explicaba que ambos «residirían en España, contarían con domicilio estable, y además, se podrían encontrar» en territorio nacional. A los dos nacionales españoles, Efa Mangue y Obama Mefuman --ya fallecido--, se les habría imputado una presunta participación en un golpe de Estado contra el Gobierno ecuatoguineano por la que habrían sido condenados en un juicio militar a las penas de 90 años y 70 años de prisión respectivamente.