El Gobierno reducirá la financiación que reciben las comunidades autónomas si éstas no aplican la legislación vigente en materia de política de vivienda, según ha anunciado la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, que se ha referido expresamente al caso de Madrid. «Quien no aplique la Ley de Vivienda, no va a tener financiación del Gobierno central», ha advertido este jueves la ministra de Vivienda y Agenda Urbana en una entrevista en TVE en la que ha recordado que entre el 70 y el 75 % de las políticas de vivienda de las Comunidades Autónomas (CCAA) se financian con fondos del Estado.
Rodríguez asegura que ella quiere «seguir apoyándolas económicamente», pero también que «pongan más presupuesto para esta finalidad», ha dicho la ministra, para añadir: «Yo condicionaré la financiación a que efectivamente» las CCAA «estén cumpliendo la ley». Ha apuntado que no puede «tratar por igual» a «aquél que está haciendo esfuerzos, que está cumpliendo la ley, que está dando respuesta a su conciudadanos» que a «aquél que por atacar al Gobierno se muestra insumiso en el cumplimiento de la ley».
Los madrileños sufren la insumisión de Ayuso «La propia ley me faculta de manera extraordinaria a trabajar con aquellas comunidades que se han comprometido a cumplirla y que están dando respuesta a sus ciudadanos», ha advertido la ministra, de forma que recibirán «menos fondos» las CCAA que no aplican la ley, como es el caso de Madrid, según el ejemplo concreto que ha puesto. De hecho, Rodríguez se ha dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y le ha dicho durante la entrevista que «hay miles de madrileños y madrileñas que sufren por su insumisión a la ley» y que viven una situación que es «insostenible socialmente».
«Hay una herramienta que es la Ley de Vivienda que nos permite dar respuesta a esa situación y yo me comprometo a ayudar a la Comunidad de Madrid con más fondos, con más recursos (...) para dar respuesta a esa situación», ha argumentado. Según sus datos, la Comunidad de Madrid ha recibido del Gobierno 2.000 millones de euros desde 2018 para políticas de vivienda. «Quiero que (esos fondos) se ejecuten bien y que a partir de ahora se orienten con cumplimiento a la ley», ha advertido.
Al respecto, ha adelantado que el Gobierno trabaja en un plan estatal de vivienda que será muy diferente a los aprobados hasta ahora, porque la situación «no es la misma que se venía gestionando años atrás». Esos planes han sido siempre un «apoyo» del Gobierno a las CCAA que ejercían esa competencia sin el amparo de una ley de vivienda, pero ahora el Tribunal Constitucional ha dicho que «el Estado es competente para garantizar la igualdad de los españoles en el acceso a la vivienda». Por ello, «ahí donde se está produciendo una tensión (de precios de la vivienda) que está definida en la ley y que por un empeño partidario no se está cumpliendo, tendrá también sus consecuencias».
Dictadura.