La magistrada que investiga al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acordado ampliar la causa para indagar si pudo incurrir en otros delitos mediante la utilización de una sociedad pantalla en el marco de sus negocios con la empresa Quirón Prevención.
En un auto adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso EFE, la titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid estima un recurso de las acusaciones populares ejercidas por Más Madrid y el PSOE y acuerda investigar en una pieza separada si el empresario pudo incurrir en más delitos aparte de fraude a Hacienda y falsedad documental.
La jueza alude a un informe de la Agencia Tributaria que alertaba de una «operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria» en 2021 por la que, presuntamente, habría utilizado una sociedad pantalla mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona, propiedad de González Amador, y su cliente Quirón Prevención S.L.
El objetivo, explica la jueza, sería «ubicar de forma ilícita y fraudulenta en esa mercantil parte de los ingresos generados por servicios prestados realmente por Maxwell Cremona» y así generar unas «bases imponibles negativas a compensar para el futuro».