El presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, se ha referido en su declaración voluntaria ante el juez a diversos presuntos pagos en efectivo realizados a las puertas de lugares como la sede del PSOE en la calle Ferraz y en el propio Ministerio de Transportes, y aunque ni el fiscal ni el juez le han pedido pruebas que corroboren esas afirmaciones, él ha referido que siempre se pueden revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad para confirmar que lo que decía ocurrió.
Así se ha pronunciado ante el magistrado Ismael Moreno y el fiscal Luis Pastor, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, en su declaración voluntaria en calidad de investigado en esta causa que indaga en posibles mordidas para la obtención de contratos públicos para la adquisición de mascarillas.
Cabe recordar que De Aldama ha asegurado que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, recibió un sobre con 15.000 euros, que dio 650.000 euros al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otros 300.000 al que fuera asesor de este último, Koldo García. El propio Koldo habría pedido para el presidente canario y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, 50.000 euros.
En lo relativo a Santos Cerdán, De Aldama ha asegurado que Koldo García se reunió con el dirigente socialista (Santos Cerdán) en un bar frente a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz para entregarle en un sobre un pago por una cuestión relativa a una licitación. Por otro lado, durante su comparecencia, De Aldama habría explicado que también realizaba determinadas labores para la Unidad Central Especial número 2 (UCE-2) de la Guardia Civil, y que tenía contacto también con servicios secretos internacionales como el MI6 británico y la CIA.
Según ha señalado en su declaración, su papel en esa faceta tenía relación con su acceso a información de países como Venezuela, Colombia y México.
Cabe recordar que UCE-2 es una unidad especializada en terrorismo internacional a la que pertenecía también otro de los investigados, el comandante Rubén Villalba, antes de ser destinado a la Embajada en Venezuela como agregado del Ministerio del Interior. De Aldama ha señalado que determinados pagos a Villaba que aparecen en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la causa estarían destinados al pago de teléfonos encriptados. Se da la circunstancia de que tanto a De Aldama como a Villalba les representa el mismo despacho de abogados.