Todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, han convocado un paro de diez minutos para las 12 horas del 11 de junio a las puertas de las sedes judiciales para expresar su rechazo a las reformas anunciadas por el Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y de la Fiscalía. Así lo han anunciado en un comunicado conjunto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial e Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Las firmantes solicitan «la retirada» del proyecto de ley que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal al considerar que recoge «medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial», que no responde a «una verdadera demanda social» y no contribuye a «solucionar los verdaderos problemas de la Justicia». incrementando «los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho».
También reclaman «la retirada» del anteproyecto de ley que reforma que pretende reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para adaptar la Fiscalía al nuevo modelo procesal que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales que hasta ahora dirigen los jueces.
«Concluimos que el mismo supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas, dando incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del Fiscal General del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora», dicen sobre el anteproyecto.
En este sentido, insisten en que es necesario retirar el texto para «comenzar a construir un Estatuto que dé verdadera respuesta a las exigencias de independencia de la institución y que cuente con los trabajos de todas las asociaciones de fiscales y de la carrera fiscal». Según apuntan, enviarán al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes los informes que han preparado sobre ambas reformas.
En el marco del comunicado, reclaman reuniones con todos los grupos parlamentarios, con el Consejo General de la Abogacía del Estado, con el Consejo General de Procuradores de España, con la Asociación de Abogados del Estado y otras instituciones. Según apuntan, dichos encuentros serían para explicarles «los peligros y las consecuencias de ambos proyectos para el Estado de Derecho y la degradación de la calidad de la justicia que pueden suponer».
Además, avisan de que «en caso de seguir adelante el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos tal y como está proyectado» se comprometen a «impugnar judicialmente dicho proceso». Y también que se cumplan los acuerdos que se firmaron en mayo de 2023 para desconvocar la huelga entonces anuncia. Así, solicitan que «se realice desde ya una amplísima convocatoria de los turnos libres y 'cuarto turno', sostenida en años sucesivos, a fin de alcanzar el objetivo de una dotación suficiente de la judicatura y fiscalía española que permita cargas de trabajo saludables».
No deja de sorprenderme que, por muy de izquierdas o progresista que sea uno, se pueda defender a esta organización mafiosa y tenga cerca de un 26% de la intención de voto.