Red Eléctrica y las empresas productoras y distribuidoras se juegan cientos de millones en saber quién fue el responsable del apagón que el 28 de abril dejó sin suministro eléctrico a toda la Península ibérica durante casi un día entero. Casi dos meses después, plantas industriales y negocios de todo tipo siguen esperando saber quién o qué fue el responsable para dirigir sus reclamaciones por pérdidas económicas que aún no están cuantificadas pero que serán "significativas" y que también podrán reclamar los consumidores. Tendrán que hacerlo a los tribunales de justicia, mientras que el sector eléctrico también está pendiente de la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC). que puede fijar sanciones hasta 60 millones y retirar autorizaciones para operar a quienes eventualmente la investigación que también lleva a cabo sobre el histórico cero nacional.
Las reclamaciones millonarias que tendrá que afrontar quien resulte responsable es el elemento clave tras las investigaciones ya terminadas y todavía en curso sobre el apagón. Esta semana, se conoció la elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica, que repartió las culpas entre Red Eléctrica -por no haber programado con "suficiencia" el control de la tensión de la red- y las eléctricas -por haber fallado también en su responsabilidad para controlar tensión y por desconexiones indebidas de la red-.
Al día siguiente, Red Eléctrica contraatacó con su propio análisis de lo sucedido, con un informe que ignora parte de las conclusiones de la vicepresidenta, Sara Aagesen, y descarga toda la responsabilidad en las propietarias de todo tipo de plantas de generación de electricidad, tanto renovable -identifica el fallo inicial en una planta fotovoltaica de Badajoz-, ciclos combinados por no haber dado respaldo al sistema y eventualmente de otras tecnologías por haberse desenganchado de la red cuando la tensión todavía estaba en rangos de normalidad. Si las conclusiones de la empresa que preside Beatriz Corredor pueden considerarse de parte, no lo son menos las que sacan las empresas eléctricas, que culpan del apagón enteramente a Red Eléctrica por no haber programado adecuadamente el respaldo que necesitaba el sistema eléctrico para amortiguar oscilaciones como las que terminaron tumbándolo y critica que la empresa estatal de "no asuma sus responsabilidades técnicas". La AELEC presentará este lunes otro análisis, elaborado por "expertos independientes", sobre los "acontecimientos que condujeron" al apagón.
En todo caso, tanto Aagesen como Corredor se cuidaron mucho de dejar claro que sus conclusiones no tienen fuerza legal. "No es un examen judicial", advirtió el martes al vicepresidenta- y el sector eléctrico, pero también el industrial o, en general, el tejido productivo- se mantiene expectante al 'veredicto' que puedan dictar entidades con más capacidad coercitiva. Especialmente, la CNMC y los tribunales, aunque fuentes del sector industrial también esperan a ver qué dice la investigación europea, la que lleva a cabo la ENTSO-e, la asociación que reúne a los operadores eléctricos de la UE, incluido a Red Eléctrica. Desde hace semanas, las empresas eléctricas no ocultan su falta de confianza en la imparcialidad de este organismo, aunque, si tienen que elegir entre las conclusiones del Ministerio o de Red Eléctrica, se quedan con las que aún tiene que emitir ENTSO-e, aunque solo sea por una cuestión de que también se "juega" su prestigio.
Trenes perdidos, plantas industriales paradas, tiendas cerradas
Pero además del "daño reputacional" al que aludía esta semana la patronal de las eléctricas, lo que se dirime en la cuestión de quién fue responsable del apagón es algo que tiene que ver con cientos de millones de euros en daños y perjuicios por el corte de suministro que padecieron durante casi un día empresas de todo tipo, la industria —incluida la llamada 'electrointensiva', gran consumidora de electricidad— y también cualquier ciudadano particular que tenga un seguro y que reclame daños.
Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), es posible reclamar desde un billete de tren perdido a la comida estropeada en el frigorífico, hasta daños personales por accidentes como consecuencia del apagón o por problemas de asistencia a personas enfermas, todo causado por la ausencia de suministro eléctrico. Pocos días después del apagón, la OCU informaba de sus derechos a los ciudadanos y también pedía a los Gobiernos de España y Portugal que determinaran cuanto antes su origen. Es importante que este quede acreditado porque si finalmente el apagón queda reducido a una circunstancia extraordinaria, "de causa mayor", los consumidores no podrán cobrar sus indemnizaciones.
Quien también espera una conclusión firme y sigue haciendo cálculos es el sector industria y, dentro de él, la industria pesada, gran consumidora de electricidad y formada por plantas de siderurgia y metalurgia, químicas, papeleras o cerámicas que el 28 de abril tuvieron que parar su actividad al no haber suministro eléctrico.
Según apuntan en fuentes del sector siderúrgico, todavía se está haciendo una evaluación de daños, algo que resulta "muy complicado" por los distintos tipos de plantas o de los procesos, o incluso porque no todas estuvieron las mismas horas sin luz, dependiendo de cuándo se recuperó el suministro en las distintas partes del país. Algo similar le sucede a la industria química, que todavía no puede dar una cifra del alcance del perjuicio por el apagón para plantas que, en algunos casos, tardaron casi una semana en volver a estar plenamente operativas, con los costes que esto pudo acarrear. A la espera de tener una valoración "rigurosa" del coste, la situación no ha variado mucho desde que, apenas dos días después del apagón, este sector industrial
Quien sí empieza a tener una idea inicial y "conservadora" de pérdidas es el sector de la distribución alimentaria, que eleva a "un mínimo de 53 millones" las pérdidas en que incurrieron aquel día supermercados, autoservicios y distribuidoras, principalmente por los productos frescos, refrigerados y congelados que tuvieron que descartarse para la venta debido a que no se pudo garantizar la cadena de frío y que, debido a lo excepcional de la situación, tampoco pudieron donarse. Este sector además, calculará gastos asociados también a combustible para los grupos electrógenos o el incremento de seguridad.
CNMC sanciona; la última palabra, en los tribunales
Ante esta situación, las responsabilidades por el apagón se dirimirán en la CNMC, en forma de eventuales sanciones a actores del sector eléctrico, y sobre todo en los tribunales, que serán en último término la instancia a la que se tendrán que dirigir quienes quieran reclamar o impugnar eventuales reclamaciones de terceros.
Como regulador del sector eléctrico, la CNMC ya realiza su propia investigación sobre el apagón, para lo que abrió un expediente previo y está pidiendo información a los distintos actores del sector. Este organismo tiene capacidad para sancionar a quien su investigación previa sale algún responsable y de ello se deducen "infracciones graves o muy graves", se incoarán los expedientes sancionadores que correspondan. Por ejemplo, porque Red Eléctrica no programara bien el respaldo del sistema o por los "fallos" internos que el operador achaca a la planta 'cero', la fotovoltaica de Badajoz donde sitúa el origen de la primera oscilación "forzada". También podría hacerlo a instancias del Ministerio para la Transición Ecológica, que sin embargo no ha dado un 'culpable' concreto y se ha desprendido del papel de juez.
Según recuerda la CNMC, en este caso la sanción máxima es de 60 millones de euros, una cifra que considera "proporcional a la gravedad potencial de los incumplimientos" y que tienen "capacidad disuasoria". Peo también podría determinar "sanciones complementarias", no económicas pero que podrían llegar a la inhabilitación o la retirada de autorización para operar en el mercado eléctrico a quien considere autor de una infracción grave o muy grave.
Sin embargo, el alcance de la CNMC llega solo a actores del sector eléctrico, pero no a empresas o ciudadanos. "En estos procedimientos sancionadores, la CNMC no resuelve ni puede resolver las reclamaciones de daños que puedan plantear empresas o consumidores", aclaran fuentes del organismo, que recalcan que "para ello se deberá acudir a los tribunales de justicia".
Esto mismo es lo que, cuando haya un responsable firme, aconseja la OCU a los consumidores para reclamar daños y perjuicios. Desde el otro lado, es lo que también piensan hacer las empresas eléctricas para impugnar indemnizaciones que dan por seguro que llegarán en el futuro. Esto es así, porque la vía para que un ciudadano reclame por sus billetes perdidos o un supermercado por la comida echada a perder es a través de sus respectivos seguros, que, a su vez, reclamarán a las comercializadoras y distribuidoras como Iberdrola, Endesa o Naturgy, que también producen electricidad. Al no reconocer culpa en el apagón, las empresas piensan impugnar y reclamar a quien consideran el verdadero responsable, Red Eléctrica.
Esa es la intención, ya tenga que ser ante juzgados de primera instancia o llegar a cortes internacionales de resolución de diferencias comerciales. Esta segunda posibilidad, en cortes donde, por ejemplo, los inversores en renovables piden cuentas a España por el impuesto al sol, sería algo también perfectamente factible para eventuales reclamaciones de las eléctricas si se les obliga a pagar indemnizaciones por el apagón. De la misma manera, Red Eléctrica se negará a pagar. "En ningún momento ha incumplido un protocolo, normativa o aspecto normativo, ha actuado de manera diligente y no entendemos que haya ningún tipo de cobertura", afirmaba esta semana Roberto García Merino, consejero delegado de su empresa matriz, Redeia.
Según señalan fuentes jurídicas familiarizadas con estos procesos, es posible siempre que un accionista extranjero de la empresa —algo que tienen todas y también la empresa cotizada Redeia— y en reclamaciones contra algo sucedido en España, que es firmante de tratados bilaterales de inversión con casi todos los países y en particular con Estados Unidos, donde se encuentra el tribunal en el que más seguramente desembocarían estos eventuales litigios, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, de cuyo tratado también es signataria, así como del de la Carta de la Energía, de la que se ha retirado pero que no dejará de ser vinculante hasta dentro de 20 años. La cuestión es que, según explican las fuentes, estas cortes internacionales suelen tardar de 5 a 7 años en resolver y hasta entonces el eventual ganador no cobraría o sería eximido de pagar.
En España, eléctricas, negocios y ciudadanos tienen la opción de recurrir a los tribunales, aunque previsiblemente no al único cauce judicial que, de momento, está abierto. Al día siguiente del apagón, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama incoó diligencias previas para investigar si detrás de él había un sabotaje informático, un ataque a infraestructuras críticas que encajara con un delito de terrorismo. Aagesen descartó esta semana la hipótesis del ciberataque -"Se concluye que no existe evidencia de ciberincidente o ciberataque como causa", dijo- y aunque el procedimiento en la Audiencia Nacional sigue todavía bajo secreto de sumario, fuentes judiciales descartan esta vía penal fuera el camino para reclamaciones que, según contempla todo el mundo, se orientarán hacia un eventual malfuncionamiento del sistema eléctrico. En caso de recurrir en la Audiencia, en todo caso, debería ir a la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Mareando la perdiz para que al final se quede en nada, es lo que tiene este sanchismo