La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han pedido este jueves el ingreso en prisión del asesor fiscal Fernando Peña, dueño del despacho Nummaria, para que empiece a cumplir la condena de 80 años de cárcel -de la que solo tendrá que cumplir 9- por crear un entramado de sociedades para facilitar a sus clientes defraudar a Hacienda.
El fiscal Tomás Herranz y el representante de la Abogacía del Estado, que ha defendido los intereses de la Agencia Tributaria, han hecho esta petición en una vistilla a la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que el pasado lunes hizo pública la sentencia en la que resultó absuelta la actriz Ana Duato y fue condenado, entre otros, su compañero en la serie «Cuéntame cómo pasó», Imanol Arias, a los dos años y dos meses que pactó con la Fiscalía.
En la vistilla, de las previstas en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decidir sobre la prisión provisional, Fernando Peña ha estado representado por el abogado Ignacio Fuster-Fabra, quien se ha opuesto a que vaya a la cárcel mientras la sentencia no sea aún firme, ya que cabe recurso ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, han informado fuentes jurídicas.
Ahora el tribunal deberá decidir si acuerda la prisión provisional para Peña y a la espera de adoptar esta decisión ha ordenado que el asesor fiscal entregue su pasaporte para atenuar el riesgo de fuga, han informado a EFE fuentes jurídicas.
En sus hechos probados, la sentencia relata cómo, entre los años 2010 y 2016, Peña desarrolló una actividad de asesoría fiscal y contable en el despacho profesional conocido «despacho Nummaria».
Para ello creó un entramado de sociedades con sede en Costa Rica, Inglaterra, Canadá, Uruguay y Luxemburgo, tanto para facilitar la opacidad de las operaciones, como para entregarlas a los clientes para la realización de las actividades ilícitas.
La Audiencia Nacional le ha condenado a 32 años de cárcel por los delitos fiscales, estafa procesal, falsedad en documento mercantil e insolvencia punible, y a otros 48 años como cooperador necesario de los delitos contra la Hacienda pública cometidos por los otros condenados. De los 80 años de condena que suma en total, su cumplimiento efectivo será de 12 años, el triple de la pena por el delito mayor, que es de 4 años, según han señalado fuentes de la Audiencia Nacional.
No le pueden aplicar la doctrina Parot? Es más grave asesorar contra hacienda o poner un coche bomba en el Hipercor? Ya están claras las prioridades en la justicia actual.