Moncloa acabó el pleno del pasado miércoles en el Congreso, en el que el presidente Pedro Sánchez compareció para ofrecer explicaciones por el caso Koldo, con la sensación de haber salido vivo de un momento muy complicado. La sesión en la Cámara Baja permitió constatar que no hay una mayoría alternativa a la del Gobierno que pueda hacer presidente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que los socios del Ejecutivo siguen sustentando a Sánchez, al menos por ahora. Pero la estabilidad de esa mayoría sigue siendo muy frágil, y varios de los aliados avisaron a Sánchez de que su confianza está bajo mínimos.
Durante su comparecencia, el presidente del Gobierno aseguró ser consciente de que, para sus socios, "no están siendo días fáciles", y aseguró que aspira a "recuperar la confianza de los grupos" que le han apoyado desde el inicio de la legislatura. "Quiero decirles a todos que voy a estar a la altura, a satisfacer sus exigencias de regeneración y a cumplir con los compromisos que tengo con ellos", prometió Sánchez. Y la semana que viene será clave para empezar a cumplir este compromiso, puesto que el presidente abordará una vez más la oficialidad del catalán en la UE, la financiación singular de Cataluña y las transferencias pendientes de competencias al País Vasco.
Estos tres asuntos son clave, respectivamente, para Junts, ERC y PNV, que han pactado con el Gobierno poner en marcha esas medidas a lo largo de la legislatura, y Sánchez quiere irse al parón estival de agosto teniendo algo más amarrado el apoyo de tres aliados que son clave para su supervivencia política. En el pleno del pasado miércoles, ERC se mostró cercana al presidente y planteó que, mientras el caso Koldo no escale y no haya sospechas de financiación ilegal del PSOE, su apoyo se mantendrá. Pero Junts mantuvo su habitual tono desafiante y aseguró que Sánchez está "en la prórroga, y la prórroga no dura toda la legislatura". Y el PNV, habitualmente mucho más comedido, le espetó que su confianza en el Gobierno "está en la UCI".
Ante esos avisos, las diferentes citas de esta próxima semana se presentan cruciales. El lunes, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se reunirá en Barcelona con el Govern de Salvador Illa con el objetivo de cerrar una propuesta de financiación singular para esa comunidad, que implicaría que la Generalitat recaude, gestione e inspeccione todos los tributos. Aún no se ha cerrado un acuerdo entre las dos administraciones y ERC, que fue quien arrancó al PSOE ese compromiso a cambio de hacer a Illa president autonómico, aunque el objetivo de los tres es que el próximo año la Agencia Tributaria de Cataluña ya pueda recaudar el IRPF.
Ese acuerdo, no obstante, no bastará para que se traspasen las competencias fiscales a Cataluña, puesto que el asunto debe pasar por el Congreso y allí va a tener complicado salir adelante, habida cuenta de que hay varios de los socios del Gobierno que no lo ven con buenos ojos, algo que también ocurre con varios de los propios barones del PSOE. Este mismo viernes, Compromís recordaba que "el País Valencià es la comunidad autónoma peor financiada" e instaba a la Moncloa a "presentar ya una propuesta al conjunto de las comunidades que suponga terminar con la infrafinanciación autonómica que supone una merma importante en la calidad de los servicios públicos valencianos".
"Cualquier reforma o mejora de la financiación autonómica que quiera los votos de Compromís deberá resolver primero la situación de agravio y maltrato que padecemos los y las valencianas", espetó la formación valencianista. En la misma línea se ha expresado desde hace meses el diputado de la Chunta Aragonesista en el Congreso, Jorge Pueyo. Y este viernes, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a no alcanzar "ningún acuerdo ni ninguna política que suponga un agravio territorial con otras partes de nuestro territorio" y "otras comunidades autónomas", pero sin ofrecer más detalles.
Cita con Pradales y votación en la UE
Tras esa primera cita del lunes, el martes el propio Sánchez recibirá al lehendakari, Imanol Pradales, en el Palacio de la Moncloa. Sobre la mesa estarán las transferencias de competencias pendientes: la principal es la de, al menos, una parte de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, pero también se discutirán las prestaciones por desempleo no contributivas o las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. No se espera un acuerdo inmediato, especialmente en el asunto del régimen económico, que es una aspiración histórica del PNV, pero los nacionalistas vascos sí exigen avances para recuperar su confianza en el Gobierno.
La tercera cita clave para el Ejecutivo tendrá lugar el viernes en Bruselas, donde los 27 Estados miembros de la UE votarán para que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en el club comunitario. España, que ya intentó aprobar hace meses esta cuestión pero tuvo que retirarla ante la falta de apoyos, cuenta con el respaldo de Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Hungría, Irlanda, Lituania, Rumanía y Portugal, pero la decisión debe adoptarse por unanimidad. Y el resto de los países, entre ellos la poderosa Alemania, mantienen las dudas políticas, económicas y legales sobre la propuesta, que según los servicios jurídicos del Consejo de la UE requeriría cambiar los tratados para poderla aplicar.
Este asunto, no obstante, es clave para Junts, y el hecho de que el Ejecutivo se esté esforzando para sacarlo adelante —con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a la cabeza— es muestra de que la Moncloa quiere volver a engrasar sus relaciones con el partido de Carles Puigdemont.
Los políticos jugando a sus chanchullos, cuando sería más que urgente e importante pactos de estado sobre los temas que asfixian a las personas de a pie... 🤦🏼♀️