La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) rechaza el desarrollo de las negociaciones hacia la financiación singular de Cataluña en la que se pretende que la Agencia Tributaria autonómica desarrolle la campaña del IRPF del próximo año y adquiera competencias gradualmente.
En una rueda de prensa convocada este miércoles, los inspectores han afirmado que si Cataluña recauda todos los impuestos, el resto de comunidades se verían perjudicadas ante la falta de fondos de financiación de servicios públicos, creando ciudadanos «de primera y de segunda».
Este régimen, explican los inspectores, es «ilegal» y «vulnera los principios de igualdad y solidaridad reflejados en la Constitución» y es fruto de una negociación «por la puerta de atrás» entre partidos políticos para lograr la investidura del presidente de la Generalitat. «El sistema tiene sus defectos pero la solución no es volarlo ni avanzar hacia un sistema federal que no se contempla en la Constitución», ha explicado el portavoz de IHE, José María Peláez.
Desde la asociación temen que este traspaso de competencias fiscales afecte tanto a los ciudadanos como al propio funcionamiento de la Agencia Tributaria en la gestión única de la recaudación fiscal.
También en la detección de fraudes desde la Agencia Tributaria Catalana (ATC), han dicho, dado que no contarían con la estructura y base de datos integral del Estado, creando dos bases de datos paralelas. Respecto a la cesión del IRPF, ha señalado Peláez, supondría un problema dado que las empresa catalanas con trabajadores del resto de España ingresarían retenciones allí, pero pedirían la devolución a su lugar de domicilio, perdiendo rapidez y eficacia en la tramitación, con el mismo resultado con trabajadores catalanes en empresas del resto de España.
También señalan que la continuidad de 4.400 trabajadores de la ATC queda en vilo, ya que en la negociación se pretende traspasar los recursos humanos y técnicos que emplea actualmente la Agencia Tributaria a la catalana.
Rechazo de un desarrollo hacia un «modelo federal»
La asociación muestra su contrariedad a las voces que desde el Ejecutivo hablan de la generalización de este modelo al resto de comunidades ya que esto supondría «la voladura del sistema tributario», según Peláez, que lo describe como «un modelo federal no contemplado en la Constitución».
«No tiene cabida en nuestra legalidad, se quiere cambiar el régimen sin tener en cuenta la opinión del resto de las comunidades autónomas», ha explicado la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán, que ha pedido la dimisión «inmediata» de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Señalan que este modelo socavaría los fondos de cohesión territorial y la financiación del Estado, así como la participación del gasto en pensiones o la deuda pública, «creando comunidades de dos velocidades». Por último, advierten que la recaudación fiscal por parte de la Generalitat no tiene por qué atender a servicios públicos, y apunta Peláez a que podrían destinarse a «crear estructura de Estado, como embajadas».
Aún queda alguien con sentido común, recalcó lo de común. Gracias.