El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas al juez Juan Carlos Peinado, por una queja presentada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras el interrogatorio que el magistrado le hizo en calidad de testigo.
El promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, tiene abiertas estas diligencias informativas, según ha publicado este miércoles El Confidencial y ha confirmado EFE de fuentes jurídicas.
En concreto, el Poder Judicial investiga al magistrado a partir de una queja presentada antes del verano por el ministro de Presidencia tras la declaración que Peinado le tomó el pasado 16 de abril en el complejo de la Moncloa, en su despacho, en relación a la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
La declaración de Bolaños estuvo marcada por la tensión y los reproches del magistrado, a quien acusó de contestar «con evasivas» y a quien espetó: «No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa». Tras aquella declaración, el juez Peinado consideró que el ministro había faltado a la verdad y elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que pedía investigar al ministro por falso testimonio, además de por un supuesto delito de malversación en la contratación de la asesora.
Sin embargo, el alto tribunal archivó la exposición razonada en un contundente escrito en el que reprochó a Peinado la «absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud de la participación» de Bolaños en esos delitos. Pese a ello, el juez ha retomado esta línea de investigación y ha imputado a Begoña Gómez y a su asesora por un delito de malversación y las ha citado a declarar los próximos 10 y 11 de septiembre.
Cuando hablamos del juez peinado hablamos de este personaje politizado que deja pasar los plazos de las causas contra el PP... "Dejación de deberes": el error procesal que el juez Peinado cometió en una causa contra un alto cargo de Almeida y que ahora investiga el CGPJ El caso que fue archivado investigaba la adjudicación directa de un contrato público de 72.600 euros a Ok Diario en diciembre de 2022 para organizar unas charlas. Al instructor se le pasó el plazo de prórroga, pese a que las acusaciones populares que ejercían Podemos y Más Madrid lo pidieron con tiempo suficiente. No hay más preguntas señoría.