Un tenso enfrentamiento entre dirigentes de Vox y militantes de Podemos ha tenido lugar este miércoles en las inmediaciones del centro de acogida de menores situado en la pedanía murciana de Santa Cruz. El incidente, que ha requerido un importante despliegue de seguridad por parte de la Guardia Civil, se ha producido después de que la formación de Santiago Abascal convocara un acto que había sido previamente prohibido por la Delegación del Gobierno.
Desde primera hora de la mañana, los accesos al centro permanecieron cortados por agentes de la Guardia Civil, mientras José Ángel Antelo, presidente provincial de Vox, y Samuel Vázquez, portavoz nacional del partido en materia de inmigración, interior y seguridad, acudían al lugar acompañados por una veintena de concejales y diputados regionales de su formación. En el mismo espacio se congregaron también una decena de simpatizantes de Podemos, encabezados por Víctor Egio, secretario de Comunicación regional del partido morado.
Durante las declaraciones de los dirigentes ultraconservadores, los militantes de Podemos profirieron gritos contra el fascismo y el racismo, lo que provocó que Vázquez se refiriera a ellos como «idiotas» y, al finalizar su intervención, se dirigiera hacia el grupo increpándolo, teniendo que ser apartado por la Guardia Civil. Los agentes identificaron también a los manifestantes de izquierdas, tomándoles sus datos, y la convocatoria quedó disuelta en apenas media hora.
El conflicto
En su comparecencia ante los medios, Antelo ha reiterado que el centro de menores de Santa Cruz se cerrará durante este mes de septiembre, cumpliendo así con la exigencia que su partido planteó al PP en junio de 2024 como condición para aprobar los presupuestos de la comunidad para 2025. La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha confirmado este mismo miércoles que se cumplirá dicho compromiso, aunque no ha aclarado cuál será el destino de los menores que actualmente residen en el centro.
Antelo ha expresado su malestar por la decisión de la Delegación del Gobierno de impedir que la convocatoria se celebrara a las puertas del centro, y ha insistido en la necesidad de «devolver» a los menores no acompañados a sus países de origen. Por su parte, el dirigente de Podemos ha criticado que «Vox no tiene otro programa más allá que extender el odio» y ha destacado que ningún vecino de la pedanía se acercó a la convocatoria porque los menores «nunca han causado ningún tipo de problema».
Además, Egio ha lamentado que la Guardia Civil solo identificara a los manifestantes antifascistas y no a los dirigentes de Vox, a pesar de que todos «han expresado su opinión libremente» y se han increpado mutuamente durante el altercado.
Reacciones políticas al enfrentamiento
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia, Carmina Fernández, ha responsabilizado al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, del «hostigamiento» a menores extranjeros no acompañados por parte de Vox. «Hostigar a menores, a niños y niñas que están en una situación de absoluta vulnerabilidad es inhumano, indecente e inaceptable», ha afirmado Fernández, quien ha expresado su satisfacción por «la rápida y contundente actuación del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, para hacer cumplir la ley».
Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha calificado de «irresponsabilidad» que representantes de Vox acudan a las puertas del centro «con discursos y con declaraciones radicales y que no tienen ningún tipo de base, ni de fundamento legal». Ortuño ha señalado que en ese centro «hay menores españoles y no españoles que no merecen el show ni de unos ni de otros para pescar votos en ríos revueltos», y ha insistido en que un espacio de este tipo «es el último sitio al que debe acudir un político para buscar caladeros electorales».
«Por supuesto, se puede discrepar de la política de inmigración antes que acudir a las puertas de un centro de menores que lo último que quieren es que haya políticos que creen situaciones de confrontación y de crispación», ha remarcado el portavoz gubernamental. A su juicio, es «una indecencia política utilizar a menores que no tienen familia, que no tienen hogar, que no tienen arraigo para pescar votos en ríos revueltos».
Los centros de menores en la Región
Ortuño ha recordado que la Región de Murcia cuenta actualmente con centros de menores tutelados donde conviven jóvenes españoles y extranjeros. El dirigente regional ha insistido en que la propuesta de Vox de clausurar todos los centros de menores de la Comunidad «ni es razonable ni es legal» porque supondría, por ejemplo, el cierre de la Casa Cuna de Cartagena o de las Hijas de Caridad de Murcia, donde hay bebés, «en su mayoría, por cierto, españoles».
El portavoz del Gobierno murciano ha señalado que en los centros de la Región hay aproximadamente 700 menores bajo tutela. «¿Qué hacemos con ellos si cierran todos los centros? ¿Los dejamos en la calle, sin hogar, sin ningún tipo de arraigo para que acaben siendo un problema de seguridad y de orden público?», se ha preguntado Ortuño, cuestionando así la viabilidad de la propuesta planteada por la formación ultraconservadora.
Este enfrentamiento se produce en un contexto de creciente tensión política en torno a la política migratoria y, en particular, respecto al tratamiento que debe darse a los menores extranjeros no acompañados que llegan a España. La Región de Murcia, como otras comunidades autónomas, se enfrenta al reto de gestionar la acogida de estos menores garantizando sus derechos, al tiempo que debe lidiar con las presiones políticas y sociales que este asunto genera.
El compromiso para el cierre del centro de menores de Santa Cruz forma parte del acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para la aprobación de los presupuestos regionales de 2025. Este pacto, suscrito en junio de 2024, incluía diversas exigencias por parte de la formación ultra en materia migratoria que el gobierno del 'popular' López Miras aceptó para garantizar la estabilidad presupuestaria. Cabe recordar que los menores extranjeros no acompañados están bajo la tutela de las comunidades autónomas, que tienen la obligación legal de proporcionarles alojamiento, educación, atención sanitaria y todos los servicios necesarios para su desarrollo. Cualquier decisión sobre su reubicación o el cierre de los centros donde residen debe tener en cuenta, ante todo, el interés superior del menor, principio fundamental en la legislación española e internacional sobre protección de la infancia.
Digo yo que lo indecente es que una mujer dependiendo de su edad, al pasar por la zona de esos centros le desaparezcan cosas; si tira más para los 70 pues el bolso y la cadena de oro y si es más bien adolescente las bragas. Podremos quejarnos no? O ni eso ya?