El abogado de la familia de la educadora social asesinada en Badajoz, Raúl Montaño, que pide seis años de prisión para los dos menores y ocho años para la chica procesada, ha criticado este miércoles antes del juicio que la familia «siente un gran pesar» por la falta de apoyo de la Junta de Extremadura, pues «no la ha acompañado».
El letrado de la acusación particular pide penas para los tres menores por un delito de asesinato. «La presidenta extremeña, María Guardiola, llamó a un familiar en un primer momento, pero desde entonces hasta hoy ha sido el abandono total por parte del Ejecutivo autonómico», ha dicho el abogado a los medios. Según Montaño, se pidió «a los responsables políticos» de la Consejería de Salud y Servicios Sociales «una reunión para trasladar los pesares e incertidumbres de la familia, pero en ningún momento fue contestada esta solicitud».
Además, ha asegurado que no ha habido «ningún gesto para acercar posturas, conocer si se necesitaba ayuda o para evitar que los familiares pasaran por el trance de este juicio». En opinión del letrado, «la responsabilidad de la Junta es toda» en este caso, aunque «se pretenda reivindicar esa responsabilidad con la concesionaria».
El letrado de la defensa de uno de los menores, José Duarte, ha expresado por su parte que «no cabe en cabeza humana que las medidas cautelares» que cumplían los menores fueran llevadas a cabo «por una asociación que no tenía los medios», por lo que se ha preguntado «quién cuida a las cuidadoras». «La Junta de Extremadura está poniendo los medios para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, pero han pasado muchos años de solicitarse ayuda y medios, con denuncias a Fiscalía, sin que se haya hecho ningún caso», ha afirmado el abogado.
En este sentido, además de una justicia para los menores «debe existir una justicia para mayores», ha dicho Duarte, quien pide la absolución de su defendido porque «no tuvo ninguna participación» en la muerte de la educadora, que se produjo el pasado mes de marzo en un piso de cumplimiento de medidas judiciales. El abogado Fernando Cumbres, que representa a la familia de otro de los menores para que sea la Junta de Extremadura quien asuma las responsabilidades civiles, ha expresado por su parte que la Administración «debe ser consciente de que se deben mejorar las condiciones de seguridad, sin olvidar otras como las salariales, de los trabajadores de este sector».