Álvaro García Ortiz se sentará desde este lunes en el banquillo de los acusados, convirtiéndose en el primer fiscal general del Estado en ser juzgado. Lo hará el Tribunal Supremo (TS) por hechos presuntamente cometidos en el ejercicio de su cargo --donde continúa-- que consistirían en la filtración de un 'email' que dejó al descubierto las negociaciones de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con Fiscalía para llegar a un acuerdo en el caso por fraude fiscal. Se enfrenta a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros.
Siete magistrados -cuatro hombres y tres mujeres- juzgarán entre este lunes y el 13 de noviembre si García Ortiz filtró el correo de 2 de febrero de 2024 en el que el abogado del empresario Alberto González Amador proponía al fiscal que le investigaba un pacto y reconocía que «ciertamente» había cometido dos delitos contra Hacienda, en busca de una rebaja en la petición de condena.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz, rechazan que filtrase ningún correo con información que ya era conocida, y defienden que recabó los correos de sus subordinados en base al Estatuto de la carrera y para difundir una nota de prensa que desmentía noticias «inveraces» difundidas por algunos medios y «responsables públicos».
No será hasta el 12 de noviembre cuando el fiscal general tome la palabra. Ante el juez, negó tajante haber filtrado o haber dado orden de divulgar información reservada sobre la pareja de Ayuso -«rotundamente no»-.
Este lunes está previsto que entre por la puerta principal del Supremo, en su condición de autoridad, y que durante el juicio se siente en estrados, junto a sus abogados, y con toga, informan a EFE fuentes fiscales. Lo previsible es que una representación de fiscales, entre ellos varios fiscales de Sala, estén presentes en algunas sesiones en apoyo a García Ortiz.
Por el Palacio de las Salesas -sede del Supremo- desfilarán hasta cuarenta testigos: políticos, como el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, o la número dos del PSOE-M y antiguo cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera; fiscales, periodistas o los guardias civiles que, también por primera vez en la historia, registraron el despacho del fiscal general por orden del juez.
Más de 200 periodistas de 59 medios están acreditados para un juicio en el que no habrá señal en directo; los profesionales podrán difundir extractos de la vista, pero no retransmitirla ni en directo ni en diferido. Desde el interior de la Sala de lo Penal, escenario del juicio, podrán presenciar la vista cincuenta personas de público más veinte periodistas.
Y? Si un escándalo es grueso, el siguiente más. Alguien dimite? Se trata de un hecho nunca visto en nuestra democracia y es preocupante que se siente en el banquillo un FG del Estado,sin al menos, haber renunciado al cargo antes. Les recuerdo que este que vino a regenerar la política española de corrupción, que a mi NO me representa como presidente del Gobierno de mi País, un tal Pedro Sánchez, ya debería de haber tenido la decencia de abandonar la poltrona. Que conste, que si unos son pésimos, los otros lo siguiente. TODOS SON CASTA PUTREFACTA.