La Abogacía del Estado ha denunciado este lunes la vulneración de todo un conjunto de derechos del fiscal general del Estado dentro de un «proceso injusto» que le ha sentado en el banquillo tras una «instrucción inquisitiva» en busca de pruebas para intentar demostrar que filtró un correo del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Quien fuese abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha tomado la palabra en la primera jornada del juicio que acoge el Tribunal Supremo para pedir la nulidad de diligencias clave en la causa que ha acabado sentando en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Sentado a su derecha y vestido con toga escuchaba el fiscal general, que afronta peticiones de entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación por la presunta filtración de un correo en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, asumía en su nombre la comisión de un fraude a Hacienda.
En una dura intervención, Castro ha denunciado que el juez Ángel Hurtado inició las pesquisas «con la idea preconcebida de que el investigado era culpable» y, con un «constante vaivén» en su actuación, buscó pruebas «incriminatorias» y «prejuiciosas» en su contra que, incluso, «hicieran aflorar otras conductas delictivas» de las que no hay indicios, como que el fiscal general respondía a «consignas políticas». Ha sido, según Castro, una instrucción «inquisitiva» con una «valoración selectiva de la prueba» en la que no se han tenido en cuenta otras hipótesis y que ha dado lugar a «un proceso injusto» en el que el fiscal general «no ha podido defenderse en las condiciones exigibles».
Toda esta actuación, ha expuesto, es motivo suficiente para expulsar del procedimiento todo el material intervenido a García Ortiz en el registro inédito del 30 de octubre de 2024 a su despacho y al de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez -para quien se archivó la causa-. Porque, ha subrayado la Abogacía del Estado, no se realizó «ni una sola diligencia de investigación antes de lanzarse a registrar el despacho del fiscal general» e incautar todos sus dispositivos, sin justificarlo el auto que lo habilitaba.
El juez «dio vía libre para copiar absolutamente toda la información» y la Guardia Civil clonó «todo el contenido íntegro» sin filtros. Con estas diligencias, ha lamentado la abogada del Estado, se puede conocer «casi todo»: qué compra, qué lee, sus contactos, dónde está en cada momento o hasta su información bancaria. Así, Consuelo Castro ha incidido, una por una, en todas las «constantes y patentes» vulneraciones de derechos al fiscal general, entre las que ha destacado las resoluciones del juez que dieron por hecho que García Ortiz borró intencionadamente todos sus mensajes el día que se abrió causa contra él, sin dar oportunidad a la defensa a «probar la naturaleza del borrado» con una prueba pericial que este lunes han vuelto a aportar.
La Fiscalía también insiste: los registros son nulos
También la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha cuestionado duramente el registro, no solo de García Ortiz, sino también de la fiscal Pilar Rodríguez, cuyo despacho «nunca debió ser allanado» porque no había indicios contra ella. La fiscal ha argumentado que el auto que abrió causa contra García Ortiz «imposibilitaba» al instructor que acordase estas medidas y ha subrayado que todo lo relacionado con el registro es nulo. Ha asegurado que «la Sala sabe que en este delito la información se suele proporcionar sin dejar rastro»; si bien el juez, «dando por hecho que se había cometido por vía telemática», entendió que «solo se podía investigar de esta manera», cuando a día de hoy la Fiscalía «está esperando» que se dé «un solo dato para decir que la filtración» fue «por medios informáticos o telemáticos».
Lo que no comprendo en este caso , y en otros, es que un acusado no se siente en el banquillo y tengamos que pagarle con nuestros impuestos su abogado.