El abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann ha defendido este jueves que la ley de amnistía es aplicable tanto a los delitos de malversación como a los de terrorismo de los que han sido acusados los miembros de los CDR, si bien cuestiona que se dé a los jueces un plazo de dos meses para aplicarla.
El abogado general, en las conclusiones que ha publicado este jueves, ha argumentado que los gastos del proceso independentista de Cataluña de 2017 no afectaron a los intereses financieros de la UE. Asimismo, sostiene que la amnistía de los delitos de terrorismo investigados en la Audiencia Nacional tampoco contraviene la directiva relativa a la lucha contra los delitos de terrorismo.
El letrado se pronuncia así sobre la cuestión prejudicial que ha planteado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el Tribunal de Cuentas español, que analiza las responsabilidades contables de 35 exaltos cargos de la Generalitat, entre ellos, los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas. Y en sus conclusiones, el abogado general señaló que «la protección de los intereses financieros de la Unión no se opone a la extinción de responsabilidad prevista en la Ley Orgánica de Amnistia por los actos determinantes de responsabilidad contable que afecten a los intereses financieros de la Unión». Ello es así, según Spielmann, porque «no existe un vínculo directo entre esos actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión».
El abogado general afirma que la ley «parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistía» y tampoco «incluye violaciones graves de derechos humanos».
Sí advierte del riesgo de que la ley dé a los tribunales un plazo de dos meses para aplicar la amnistía (aunque matiza que el Gobierno español ha apuntado que se trata de un plazo «estrictamente indicativo») y considera que no es conforme con el derecho europeo obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares en el plazo máximo de dos meses, aun cuando hayan consultado al TJUE y éste aún no haya resuelto. Por ello, aprecia que «algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva», según las conclusiones que publicó este jueves.
AngelcaídoLos de siempre negándose a reconocer lo evidente cuando en el resto de europa y del mudo lo hacen... Siga defendiendo lo indefendible. Beeeee beeeee beeeee