La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el Gobierno derogará la ley 15/97 que permite la colaboración público-privada en la sanidad pública y se prevé aprobar una nueva norma a principios de 2026 que ponga «coto» al ánimo de lucro y que blinde y proteja frente a «fondos de inversión, al ánimo de lucro y la depredación» del sistema sanitario español. «Es una ley mucho más amplia de integridad del Sistema Nacional de Salud. No prohíbe que haya una colaboración público-privada, pero limita que lo puedas hacer con empresas con ánimo de lucro», ha comentado la ministra este domingo en una entrevista en 'El País'.
García admite que esta nueva norma «claramente» no permitirá el modelo de Alzira, de Torrejón o de la Fundación Jiménez Díaz de seleccionar a pacientes menos costosos para lograr más rentabilidad y confía en que se apruebe próximamente. «Estamos ya ultimando y la vamos a llevar al Consejo de Ministros a principios del año que viene», ha indicado.
La ministra lamenta que se haya «pervertido» la colaboración público-privada en una «parásita». «Vamos a abrir todos los frentes posibles. Vamos a ir a tanto como ministerio y como grupo político Más Madrid en la Comunidad de Madrid a la Fiscalía por un delito de lesiones contra los pacientes, porque creemos que aquí hay un claro perjuicio en la salud de los pacientes», ha insistido, tras conocerse esta semana una información publicada por 'El País' en la que se desvelan las órdenes del CEO del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, en el que pide rechazar pacientes o procesos no rentables. García también ha instado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a investigar lo ocurrido porque no se cree que sea una pelea de empresarios. «No, mire, señora, no somos tontos. Esto es una investigación profunda que tendría que hacerla si no fuera parte interesada», ha asegurado.
En este sentido, ha señalado que la Comunidad Madrid sale bien en las listas de espera quirúrgica y no en las de consultas y en las de diagnósticos, ni en las de tiempo de espera, ni en las de número de pacientes esperando «porque esas dos listas no se pueden maquillar». «Sabemos que en diciembre y en junio, que es cuando se publican esas listas, hay material con ingeniería estadística», admite. La ministra apunta al mandato de Ayuso y considera que desde que gobierna en la Comunidad «las listas de espera de la sanidad pública no paran de crecer».
«Es un sistema bastante sencillo de concepto y bastante sofisticado de ejecución. Desde que está la señora Ayuso han crecido al doble: un millón de madrileños y madrileñas están esperando una prueba, un tiempo absolutamente inadmisible», ha lamentado la ministra. Según García, se ha duplicado la gente que espera más de seis meses, a los que ofrecen «a través de la supuesta libre elección», ir a hospitales como los de Quirón y a Torrejón.
«Lo que hemos escuchado en Torrejón es lo que lleva ocurriendo en Quirón desde hace muchos años: un complejo sistema por el cual los pacientes de la sanidad pública acaban en hospitales privados pagados aparte por una serie de elementos como la libre elección, la lista de espera y cómo no, la connivencia de la Consejería de Sanidad», ha criticado.
En resum: els Caps de Departament i adjunts volen poder fer feina a la privada, però sense complir la jornada laboral a la pública. Ningú se creurà que fan 8 hores a la pública i després 8 a la privada. Els hospitals haurien d'estar oberts els horabaixes i els caps de setmana. Aviat s'acabarien les llistes d'espera. I que cobrin lo que vulguin, però a la pública Amb aquest decret, el Govern vol acabar amb els abusos i prohibir que els Caps d'Àrea puguin terballar a la privada. En Lázaro, sempre tirant cables al PP i a la dreta. ¿Per què no llegeix aquesta notícia? "Pedro Jaén es jefe de dermatología en el Ramón y Cajal, el de mayor demora de la sanidad madrileña en esa especialidad. Desde septiembre tiene permiso para no ir, mientras 17 de sus 27 médicos del hospital público trabajan para él en sus clínicas privadas." "El dermatólogo de los famosos tiene la espera más larga en un hospital público madrileño, pero factura 17 millones en sus clínicas privadas."