El Ministerio de Sanidad ha intensificado estos días su promesa de blindar la sanidad pública, para lo cual ultima la ley de integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que derogará la conocida como ley 15/97 y facilitará a las comunidades la reversión de la gestión privada de los servicios sanitarios públicos.
Con el escándalo del hospital de Torrejón, el Ministerio ha acelerado su compromiso y su intención es llevar un primer texto al Consejo de Ministros a principios del año que viene, tras lo cual le quedaría aún una segunda vuelta antes de empezar el periplo parlamentario.
Pero este caso ha abierto además otros dos puertas: por una parte, Más Madrid lo ha denunciado a la Fiscalía y, por otro, Sanidad ha enviado a la alta inspección a que investigue lo sucedido no ya solo en Torrejón, que gestiona Ribera Salud, sino al resto de hospitales de gestión privada de la Comunidad. «El de Torrejón es un modelo que se extiende a otros como el de Quirón. Queremos poner fin a estos desmanes, a esta depredación de nuestro Sistema Nacional de Salud», ha enfatizado este martes la ministra de Sanidad, Mónica García.
Ha querido dejar claro que esto «no tiene nada que ver con la colaboración público-privada puntual que pueda darse entre algunas administraciones», sino que es un «modelo que está metido dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud, fundamentalmente en Madrid y del que queda algún vestigio en Valencia y un poquito en Galicia, que lo que está haciendo es desviar fondos públicos a la cuenta de resultados de empresas privadas».
Por todo ello, estos días ha acelerado uno de los grandes compromisos que adquirió cuando llegó al cargo, y es el de blindar la sanidad pública limitando la gestión privada mediante una ley que derogará además la 15/97, que permitió la entrada de grandes grupos en los centros públicos. En mayo de 2024, Sanidad sacó a consulta pública el anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del SNS, justificando su necesidad en que la entrada de empresas privadas en la gestión de la sanidad pública ha traído consigo «lógicas de funcionamiento relacionadas con el funcionamiento comercial y la necesidad de obtener beneficios empresariales».
Sistemas «paralelos de derivación»
Lamentaba entonces que en los contratos entre ambos sectores «han abundado elementos no deseables» para el sistema sanitario público, como la pérdida de la capacidad de control en la gestión por parte de las administraciones públicas y el «blindaje diferencial» de los contratos con el sector privado, lo que ha redundado en la «necesidad de repercutir doblemente» las restricciones presupuestarias sobre los hospitales de gestión pública.
También la «creación de sistemas paralelos» de derivación entre centros sanitarios en aquellas regiones en las que una empresa «ha copado una parte significativa del mercado», así como la «incapacidad» de las administraciones públicas de revertir decisiones en materia de privatización de la gestión o la falta de transparencia en la liquidación de los pagos.
Por eso, el anteproyecto se fijaba como objetivo regular cuatro aspectos, el primero, la limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro. El segundo, mejorar los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas de los modelos de gestión privada ya existentes en la actualidad. Quiere facilitar a las comunidades la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos existentes y, por último, establecer las prácticas de gestión pública que posibiliten «alinear la gestión del sistema sanitario público con los objetivos de salud de la sociedad española», concluía.