Todas las regularizaciones de migrantes en España

El pacto alcanzado entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos para la regularización de más de medio millón de migrantes que, a día de hoy, ya residen en nuestro país, se ha convertido en una de las noticias más destacadas de la semana en España. Este martes, el texto está previsto que pase por el Consejo de Ministros, y ya está acaparando buena parte de la discusión política en el ámbito nacional. Sin embargo, la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez no es, ni mucho menos, la primera regularización extraordinaria de nacionales extranjeros que se plantea. De hecho, la práctica totalidad de los ejecutivos centrales que le han precedido han optado por esta medida en diversas ocasiones, demostrando una tendencia histórica en la gestión migratoria.

La propuesta actual, que busca dar un marco legal a miles de personas que llevan tiempo viviendo y trabajando en España en situación irregular, ha reabierto el debate sobre la integración y la necesidad de políticas migratorias coherentes. Es un tema que, como veremos, ha sido recurrente en la agenda política española, con gobiernos de distintas ideologías abordando la misma problemática a lo largo de las décadas. La regularización no es un fenómeno nuevo, sino una herramienta que se ha utilizado para adaptar la realidad social a la legalidad vigente, con sus luces y sus sombras.

Las regularizaciones de migrantes en España tienen una larga trayectoria que se remonta incluso a tiempos predemocráticos. Desde los gobiernos de Adolfo Suárez hasta los de José Luis Rodríguez Zapatero, pasando por los de Felipe González y José María Aznar, la medida ha sido una constante. Curiosamente, en este contexto histórico, el ejecutivo de Mariano Rajoy se erige como la única excepción notable al no haber impulsado ninguna regularización masiva durante su mandato. Esta singularidad subraya la relevancia del actual debate y la continuidad de una práctica que ha marcado la política migratoria española.

Un vistazo histórico

La historia reciente de España está salpicada de procesos de regularización de extranjeros. El primero de ellos, tras la dictadura, tuvo lugar en 1985, bajo el gobierno de Felipe González, con la aprobación de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Esta ley, conocida como la Ley de Extranjería, incluyó un proceso de regularización que afectó a aproximadamente 22.000 personas. Fue un primer paso para ordenar la situación de muchos inmigrantes que ya se encontraban en el país.

Posteriormente, en 1991, el mismo gobierno socialista llevó a cabo otra regularización, esta vez dirigida a trabajadores extranjeros que pudieran demostrar una oferta de empleo. Este proceso permitió la regularización de cerca de 110.000 personas, evidenciando la creciente necesidad de mano de obra y la realidad de una inmigración ya consolidada. La década de los noventa continuaría con esta tónica, aunque con cifras más modestas en los años siguientes.

Con la llegada del Partido Popular (PP) al poder, bajo la presidencia de José María Aznar, la política de regularizaciones no se detuvo. En 2000, se llevó a cabo un proceso que regularizó a más de 240.000 inmigrantes. Este fue un hito importante, ya que demostró que la regularización no era una medida exclusiva de un color político, sino una respuesta pragmática a una realidad demográfica y laboral. La necesidad de integrar a la población migrante en el mercado laboral y en la sociedad era cada vez más evidente.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, también socialista, protagonizó la que hasta ahora ha sido la regularización más numerosa en la historia democrática de España. En 2005, se puso en marcha un proceso que permitió regularizar a casi 600.000 personas. Esta medida generó un intenso debate político y social, pero sus defensores argumentaron que era fundamental para sacar de la economía sumergida a un gran número de trabajadores y garantizar sus derechos laborales y sociales. Fue una apuesta decidida por la integración y la legalidad.

La excepción de Mariano Rajoy y el contexto actual

Como se ha mencionado, el gobierno de Rajoy (2011-2018) se desmarcó de esta tendencia histórica. Durante sus dos legislaturas, no se impulsó ninguna regularización extraordinaria de carácter masivo. La política migratoria de su ejecutivo se centró más en el control de fronteras y en la lucha contra la inmigración irregular, sin abrir vías amplias para la regularización de personas ya asentadas. Esta postura marcó un cambio significativo en la aproximación a la gestión migratoria en comparación con sus predecesores.

Ahora, en 2025, el pacto entre el PSOE y Podemos retoma la senda de las regularizaciones. La propuesta busca abordar la situación de más de 500.000 migrantes que, según estimaciones, se encuentran en España sin permiso de residencia o trabajo. La iniciativa se basa en la premisa de que estas personas ya están integradas en la sociedad, contribuyen a la economía y, en muchos casos, tienen lazos familiares y comunitarios en el país. La regularización se presenta como una vía para garantizar sus derechos y deberes, y para combatir la precariedad laboral y la explotación.

Requisitos y el debate político y social

Aunque los detalles finales se concretarán tras su paso por el Consejo de Ministros, el pacto entre PSOE y Podemos establece una serie de requisitos clave para que miles de inmigrantes puedan regularizar su situación. La intención es ofrecer una vía clara y transparente para la obtención de permisos de residencia y trabajo. Entre los criterios que se barajan, y que son habituales en este tipo de procesos, destacan: acreditación de permanencia en España, existencia de una oferta de empleo o contrato de trabajo, ausencia de antecedentes penales y lazos familiares o arraigo social.

Las regularizaciones de migrantes no plantean solo una cuestión administrativa; tienen un profundo impacto social y económico. Desde el punto de vista social, permiten que miles de personas salgan de la invisibilidad y accedan a derechos básicos como la sanidad, la educación y la protección social. Esto no solo mejora su calidad de vida, sino que también contribuye a una sociedad más cohesionada y justa. La integración plena de estos individuos en la comunidad es un objetivo primordial. En el ámbito económico, la regularización de trabajadores que ya están en el país puede suponer un impulso para la economía formal. Al pasar de la economía sumergida a la legal, estos trabajadores cotizan a la Seguridad Social, pagan impuestos y consumen, lo que genera ingresos para el Estado y dinamiza el mercado interno. Además, se reduce la competencia desleal y se mejoran las condiciones laborales, combatiendo la explotación que a menudo sufren los trabajadores sin papeles. Es una medida que, a la larga, puede beneficiar a todos.

Como era de esperar, la propuesta de regularización ha generado un intenso debate en el panorama político y social español. Mientras que los partidos de izquierda y diversas organizaciones sociales y sindicales defienden la medida como un acto de justicia social y una necesidad económica, los partidos de derecha y algunos sectores de la sociedad expresan su preocupación por el «efecto llamada» y la posible sobrecarga de los servicios públicos. En todo caso queda claro que la regularización de migrantes en España es una política con profundas raíces históricas y un impacto multifacético. El actual proceso, impulsado por el Gobierno de coalición, se enmarca en una tradición de respuestas a la realidad migratoria, con la notable excepción del periodo de Rajoy. Su desarrollo y consecuencias serán, sin duda, objeto de un seguimiento exhaustivo en los próximos meses.