Una jueza de Paterna (Valencia) ha tomado declaración este lunes a Carolina Martínez, nieta del concejal socialista José Manuel Murcia Martínez, que fue fusilado en noviembre de 1939, en el marco de la causa abierta por ese juzgado tras la denuncia de esta mujer por el asesinato y desaparición forzada de su abuelo.
Según ha explicado Martínez a EFE, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 y la fiscal le han preguntado sobre sus recuerdos y testimonios familiares referidos a la desaparición y posterior fusilamiento de su abuelo, que fue concejal de Agricultura del municipio valenciano de Ayora, militante socialista y de la UGT.
Fue fusilado el 6 de noviembre en el paredón de Paterna a los 47 años, y su cuerpo enterrado en una fosa común del cementerio de esta localidad hasta su exhumación en 2018. Los restos fueron plenamente identificados en 2021, tras exhumar los de una hija y la obtención de análisis válidos de ADN. La querella por este asesinato fue presentada en mayo de 2024 por su nieta, Carolina Martínez, con el propósito de «conocer la verdad de lo sucedido, determinar los responsables directos e indirectos y, en su caso, procesarles».
En declaraciones a EFE, la fiscal delegada de la sección de Memoria Democrática y Derechos Humanos en la Fiscalía Provincial de Valencia, Susana Gisbert, ha explicado que, como resulta obvio, en este tipo de causas es muy difícil, prácticamente imposible, que sea posible encontrar a un culpable que siga vivo y admite que resulta poco práctica la investigación.
«Tampoco es el proceso adecuado para establecer una condena a un régimen, pero la Ley de Memoria Democrática contempla que los familiares de represaliados puedan obtener reparación a pesar de que el procedimiento penal sea finalmente sobreseído bien por prescripción o por la Ley de Amnistía; aunque no existen demasiados precedentes de esto», añade Gisbert.
Esa reparación, en este caso en el que los familiares ya han conseguido identificar y recuperar los restos mortales, consistiría en un auto o resolución judicial motivada (no una sentencia, puesto que no habría ningún juicio previo) que podría calificar el fusilamiento de asesinato o ejecución injusta, en definitiva una «reparación moral», que en opinión de la fiscal especializada «es lo que buscan la mayoría de familiares».