La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado que con la ley para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios se quiere poner coto a prácticas «obscenas» y «mercantiles» de modelos público-privados, como el del gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, que «olvida» cobrar a esas empresas privadas el dinero por los pacientes atendidos en la sanidad pública.
García se ha referido así en declaraciones en RNE, recogidas por EFE, a la información que publica elDiario.es que señala que la comunidad madrileña habría perdonado 71 millones de euros a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes.
Para la ministra, esas empresas privadas han encontrado un filón en el gobierno del Partido Popular que permite que «haya flujos de dinero absolutamente indecentes que van a la privada y que, sin embargo, se olvida cobrarles el dinero que nos deben por haber tratado a los pacientes en la pública».
García ha explicado que con la norma no se pone coto a la privatización de la sanidad, sino a los modelos «impulsados por un interés especulador y mercantil».
«Lo que dice la ley es que se va a acabar con esa colaboración público privada que es depredadora de nuestro sistema sanitario; las fórmulas sin ánimo de lucro, las fórmulas que funcionan, que es una colaboración público-privada sana, esas se pueden mantener perfectamente», y ha puesto como ejemplo el modelo de Cataluña.
Ademas, ha explicado que la ley también quiere prohibir «todo el parque temático de fórmulas público-privadas tóxicas presentes en la Comunidad de Madrid», como el de pagar un canon a la constructora del centro sanitario durante décadas. «Quiero acabar con el chollo que tiene la señora Ayuso y quiero acabar con esa malversación de caudales públicos que hay en la Comunidad de Madrid» donde parte del dinero destinado a sanidad, con el presupuesto más bajo de toda España -ha recordado-, «se va por el sumidero de las empresas privadas», ha concluido.
La Comunidad de Madrid tiene la sanidad pública con la menor lista de espera de España para una operación quirúrgica (solo 49 días frente a los 148 de Cataluña) y se sitúa entre las regiones con menos demora para una consulta con el médico especialista. Con todo, ha recordado que la región a la que más afectaría esta norma es a Cataluña donde, ha asegurado, se trabaja «mucho más» con este modelo sanitario. FUENTE : PRENSA NACIONAL APLICARA EL GOBIERNO SANCHEZ ESTA LEY A CATALUÑA? NO.