La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de 173 años de cárcel para el expresidente del BBVA, Francisco González, y una multa de 181 millones de euros para la entidad bancaria, en relación con la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para presuntos encargos ilegales entre 2004 y 2006.
Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, el Ministerio Fiscal atribuye a González y al BBVA delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros.
La Audiencia Nacional confirmó el pasado 20 de febrero el procesamiento del BBVA, de su expresidente y de varios exdirectivos por estos hechos presuntamente ilícitos. En el caso de González, la Sala Tercera de la AN destacó que algunos contratos con CENYT —el grupo empresarial de Villarejo— fueron ordenados por el expresidente, «que ya conocía a esta entidad y sus métodos de investigación por los contratos anteriores».
Los jueces concluyeron que no resulta irrazonable interpretar los indicios señalados en el auto recurrido para atribuir a González la participación en delitos de cohecho y revelación de secretos, así como el conocimiento de que la información obtenida por CENYT se realizaba «sin respetar la legalidad». Todo ello se habría llevado a cabo utilizando funcionarios policiales para acceder a datos personales y fuentes cerradas sin autorización judicial, mientras González ordenaba seguir contratando a Villarejo.
La Sala agregó que «estos hechos presentan los caracteres de delitos continuados de cohecho y revelación de secretos», lo que impide el sobreseimiento de las actuaciones y justifica la desestimación del recurso en este punto.
En junio de 2024, el juez instructor Manuel García Castellón propuso juzgar al banco, a González y a Villarejo por delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Su auto de 268 páginas cerró la instrucción de la pieza separada 9 del «caso Villarejo».
El juez detalló que los hechos comenzaron con la contratación por el BBVA de Julio Corrochano en septiembre de 2002, con la expresa aprobación de Francisco González. Esto permitió un enlace con otros policías, entre ellos Villarejo y Enrique García Castaño, quienes habrían utilizado su posición para acceder indirectamente a registros policiales y bases de datos reservadas, obteniendo información para beneficio propio.
El auto subraya que Corrochano comunicó a González la existencia de estos recursos ilegales gestionados por Villarejo a través del Grupo CENYT, garantizando discreción. La ausencia de mecanismos de control dentro del banco permitió a un reducido grupo de altos directivos autorizar los contratos que llevaron a cabo proyectos de inteligencia, incluyendo seguimientos, intervención de llamadas y averiguación de patrimonio de empresarios, abogados y periodistas.