Bertín Osborne fijó su residencia en Luxemburgo y cedió sus derechos de contratación a una sociedad instrumental de Panamá para esquivar a Hacienda, tal y como ha publicado este lunes en exclusiva El Confidencial. El presentador contó con la ayuda del gestor Joaquín Arespacochaga Llópiz, presunto cerebro de la trama del PSOE que desvió 14 millones de euros de subvenciones públicas para reindustrializar Cádiz. El citado medio ha tenido acceso a documentos de la investigación que mantiene abierta el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional.
La mayor parte de los archivos que afectan a Osborne corresponden al periodo 2000-2006, por lo que estos hechos ya habrían prescrito. Eso sí, están siendo analizados por la Agencia Tributaria y pueden derivar en el hallazgo de nuevas irregularidades. El propio Bertín ha admitido a El Confidencial que fue cliente de Arespacochaga: «Ese fue el mayor error de mi vida, hace más de 20 años: fiarme de un asesor fiscal mientras yo vivía en Estados Unidos. Ya pagué por aquel error más de cinco millones de euros y fui juzgado por ello. Espero no tener que pasar por un segundo juicio 20 años después».
La información publicada detalla que «Hacienda comenzó a reclamarle, en los primeros años del siglo, el pago de importes correspondientes a su declaración de la renta. La deuda correspondía a varios ejercicios y tenía su origen en la presunta derivación de parte de sus ingresos profesionales a mercantiles de su entorno que actuaban como pantalla». Fue entonces cuando Arespacochaga se encargó, presuntamente, de «recurrir las resoluciones de la Agencia Tributaria y ofreció al cantante alternativas para dificultar el embargo de sus bienes». El gestor aseguró que su cliente no podía aportar «garantías patrimoniales» para el pago de su deuda porque no disponía «de bienes que aportar para prestar en garantía», pero archivos posteriores revelaron que la inspección acabó encontrando al menos una finca en Sevilla y un yate de la marca Fithiotti-Viudes que eran de su propiedad.
Los documentos que tiene ahora la Audiencia Nacional también indican que el presentador adquirió en 1998 el 100% de las acciones de una sociedad panameña, Canterbury Operations SA, por un importe de 250.000 dólares. Cuando en 2002 la Agencia Tributaria empezó a embargarle, el artista supuestamente cedió a la mencionada sociedad sus derechos de representación. El Confidencial explica que «esta cesión de derechos la hizo como residente de Luxemburgo, lo cual hacía que tuviera un impuesto de la renta más bajo que en España».