El inminente despliegue de la nueva Ley de Bienestar Animal, que entrará en vigor el próximo 29 de septiembre, está provocando dudas entre muchos propietarios de animales sobre si deberán cumplir nuevos requisitos para poder tenerlos. La norma introduce muchos cambios, pero uno de los que generan mayor incertidumbre es la obligatoriedad de que todos los perros tengan un seguro de responsabilidad civil, con el fin de cubrir los costes económicos que puedan ocasionar en caso de que el animal provoque un daño colateral, como, por ejemplo, un accidente o un ataque. «Estos seguros solo los pueden tramitar las aseguradoras, en ningún caso los veterinarios. No tiene nada que ver con un tema sanitario, que es algo que va aparte», aclara el presidente del Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears (COVIB), Ramón García, que percibe las dudas que genera la norma.
La cuantía del seguro todavía está pendiente del desarrollo reglamentario porque, una vez se haya aprobado la normativa, se tendrá que impulsar un real decreto que acabe de concretar muchos otros aspectos, que son los que generan más dudas. En algunos casos el seguro puede que cubra este nuevo gasto. El Govern tiene previsto celebrar en unos días una reunión para tratar este asunto. Aun así, la ley es clara con respecto a los perros, los gatos y los hurones: los considera mascotas y sus dueños no tendrán que realizar ningún procedimiento especial tras su entrada en vigor, al margen de tramitar el seguro. En el caso de los gatos y los hurones, sin embargo, sí que será obligatorio que se les implante un chip, como el de los perros, algo que hasta ahora era opcional en las Islas, recuerda García, aunque muchos propietarios ya se los ponían.
Asimismo, la norma prevé que los propietarios de perros tengan que hacer un curso de formación una vez en la vida. «No está mal que se forme, lo vemos bien, pero siempre hemos propuesto que esto se incluya en los programas educativos de los más pequeños», señala García, que apuesta más por educar a los jóvenes como método más efectivo para que sean más responsables con los animales. Respecto a la cría de canes, el presidente ve con buenos ojos que la ley exija mayores requisitos enfocados a mantener las condiciones de vida de los perros. «Desde un punto de vista técnico es interesante porque muchos problemas de agresividad están ligados a ese periodo. Controlando bien las condiciones de cría puedes evitar muchos problemas de comportamiento futuros», considera. «Si tengo una perra y la quiero cruzar, se podrá hacer siempre que el dueño se dé de alta como criador esporádico para evitar que acabe siendo abandonado», comenta el presidente.
Por lo que respecta a las colonias de gatos, García explica que la ley obliga a que todos estén esterilizados, pero considera que se les dan muchas prerrogativas. «Ya se verá, pero hay que tener en cuenta que los felinos pueden transmitir patógenos a otros animales e incluso a humanos», advierte el veterinario, además de que los gatos suelen perjudicar a la fauna local cazando, sobre todo, pájaros.
Listas positivas
Otra gran incógnita es qué pasará con el resto de animales que la ley no considera mascotas, desde aves, como periquitos, a reptiles, como serpientes, entre muchos otros. El real decreto, que se deberá de desarrollar tras la entrada en vigor de la ley, prevé regular qué procedimiento se hará para elaborar unas listas positivas para que los propietarios de estos animales puedan o no tenerlos. García también hace referencia a otros animales de granja que ahora pueden ser considerados de compañía, como una cabra, una oveja o un cerdo. El decreto establecerá cómo regular estos casos.
El presidente comenta que la ley es clara por lo que se refiere a los animales que no serán considerados de compañía por ser potencialmente peligrosos a causa de su veneno. Las serpientes que, además, pesen más de dos kilos, tampoco se podrán tener como mascotas, al igual que cualquier tipo de primate. Las tortugas que sean potencialmente invasoras también estarán vetadas. La incertidumbre sobre la formación de un nuevo Gobierno, ahora en funciones, crea todavía más incógnitas sobre cuándo se definirán estos aspectos.
El apunte
Multas de entre 500 y 10.000 euros
La ley establece diversas categorías de sanciones, reservando las más leves para aquellas que no afecten la salud del animal. La carencia de un seguro de responsabilidad civil para perros se considera una infracción de carácter leve. A pesar de su grado de gravedad reducido, las multas pueden ser sustanciales, oscilando entre los 500 y los 10.000 euros. Aunque la sanción tiende a ser proporcionada, existe la posibilidad de alcanzar la cifra máxima. El sacrificio no autorizado de animales y su muerte sin llegar a ser delito puede ser sancionado con 200.000 euros.