El Consejo de Ministros aprobó a finales de 2016 un Real Decreto de medidas fiscales que incluye un endurecimiento del acceso a los aplazamientos tributarios, como los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades y el IVA (solo se puede aplazar el pago si no se ha cobrado previamente). Esta ley es especialmente importante para 2,1 millones de autónomos y 1,1 millones de pymes a nivel estatal que habitualmente solicitan postergar las cuotas de IVA con hacienda para solventar sus problemas de liquidez.
Ahora bien, fruto de las críticas y presiones realizadas por asociaciones de empresarios, emprendedores y autónomos, el Gobierno flexibilizó el mes pasado el régimen de aplazamientos a través de una orden interna (que no ley, por lo que no se sabe si será permanente o transitoria) publicando en su página web la posibilidad de que los autónomos pudiesen aplazar el pago del IVA e IRPF (si bien hay que leer la letra pequeña, que como siempre la hay, y no queda claro de cómo aplicar esta solución).
Señor Montoro, siga usted rectificando y aplique las medidas también a las pymes en apuros y no solo para los autónomos, o muchas de ellas se verán abocadas a pedir préstamos innecesarios, y en el peor de los casos, a cesar su actividad por falta de liquidez. Además en nuestra comunidad la actividad suele ser muy estacional, teniendo picos de ingresos y gastos muy dispares en temporada alta y baja, por lo que hay que ser flexibles y ayudar a las empresas a mantener su actividad durante todo el año.
No es de recibo que las pequeñas y medianas empresas tengan que adelantar a la Administración pública un dinero que todavía no han cobrado y además no poder pedir un aplazamiento en caso de no poder pagar la deuda en la fecha estipulada. Para colmo, según un informe de ATA presentado hace unas semanas, el periodo medio de pago de la Administración autonómica balear a los autónomos en 2016 fue de 84 días, la tercera comunidad con mayor demora.