Estamos viviendo un aluvión de noticias sobre la imposible carestía del alquiler o compra de una vivienda en Eivissa y Formentera, y aunque no tengo tanta información, me parece que en el resto de Balears se reproduce el problema. Los funcionarios que vienen de refuerzo de las fuerzas y seguridad del Estado tienen serias dificultades para encontrar un alojamiento acorde a sus presupuestos y tenemos una rotación de plantillas récord, en el conjunto de España. Formamos parte de los destinos rechazados por el personal de la función pública, que no nos elige voluntariamente.
Leemos también cómo algún profesor expone públicamente las dificultades que tiene para acabar el curso escolar en la que ha sido su vivienda durante el mismo, porque se alquila bien a trabajadores o a turistas. El sector del transporte también lanza alarmas. Todos queremos arrendar nuestras propiedades durante el verano y obtener una rentabilidad adicional, que no es posible en un arrendamiento normal.
De aquí sale la primera conclusión clara: hay que articular los mecanismos para hacer cumplir la ley como toca. La vivienda, para el uso que tiene: residencial. Es llamativa la aparente contradicción entre esta realidad y dos de las recientes medidas gubernamentales: más vacaciones para la función pública estatal, y subvenciones para incentivar la reducción de jornada. No hacen sino echar más leña al fuego. Resulta que no tenemos funcionarios, son claramente insuficientes, y ahora el gobierno les da dos días más de vacaciones. No es una medida en interés de los ciudadanos, a primera vista. Los pocos funcionarios que vienen no tendrán tanta disponibilidad para desempeñar sus funciones. Para mi sorpresa, no he oído a ningún sindicato de la función pública señalar que esta reducción de jornada perjudique el servicio público de calidad que dicen defender.
Ahora viene lo de la reducción de jornada. En las Balears, en una economía de servicios, es una fantasía surrealista plantearse la reducción de la jornada cuando estamos reduciendo horarios de apertura y frecuencia de servicios por falta de personal. Es de tebeo. La segunda conclusión es la de siempre: los intereses, en particular los políticos, llevan a tomar decisiones que se fundamentan en cualquier criterio salvo el sentido común y la normalidad.