Si hay algo que podemos reconocer a nuestra clase política es la capacidad de soplar y sorber a la vez. Y en el tema de la regulación sobre la vivienda están alcanzando la perfección en este difícil arte.
Los mensajes sobre la tensión del mercado de la vivienda en Balears son constantes y de intensidad creciente. La subida generalizada de precios en los inmuebles ya sea para la compra o para su alquiler, situó a nuestras Islas en el dudoso honor de tener el metro cuadrado de vivienda más caro de España, ya sea para compra (3.671€/m2 en el año 2024) o para alquiler (precio medio de 18,58 €/m2), siendo Palma la cuarta capital con el precio de alquiler más caro.
A todo esto, y salvo error por parte del que les escribe, seguimos sin contar con estadísticas propias en esta materia. El Observatorio de la Vivienda que se anunciaba por el Govern a finales del año pasado parece que publicará sus primeras informaciones a finales de éste; total, tampoco debe urgir evidenciar oficialmente la situación existente.
Y si el residente se ve sometido a esta cuesta de enero permanente con relación a la vivienda, imagínense lo que supone para los que, en temporada alta deciden apostar por venir a trabajar a las Islas y buscan un alojamiento temporal mientras desarrollan su trabajo.
En fin, el panorama es el que es y creo que a estas alturas ya no sorprende a nadie. El déficit de viviendas, según diversas fuentes, está entre las 30.000 y las 35.000 unidades. Se habla de activar suelo para miles de ellas en planes que llegarán, si acaso, en los próximos tres o cuatro años. Pero miren ustedes por dónde existía una posibilidad de, en un plazo bastante más reducido, poner en el mercado unos cuantos miles de viviendas provenientes de la extinción de las autorizaciones turísticas temporales y… ¡oh, sorpresa!, el Govern no solo deja pasar esta oportunidad, sino que convalida el mantenimiento de unas 90.000 plazas y lo hace… ¡escudándose en el interés general! Eso sí, mientras reconoce al mismo tiempo la crisis habitacional del archipiélago por la falta de oferta de vivienda. Lo dicho: soplar y sorber a la vez.
Pocos argumentos hemos escuchado acerca de por qué esas 90.000 plazas realmente contribuyen al interés general de forma que su defensa sirva como contrapeso a la imposibilidad manifiesta de miles de residentes y trabajadores de acceder a una vivienda digna a un precio razonable.
Pero digo yo que, ya puestos, no solo hay que declarar esas plazas turísticas de interés general, sino elevar a categoría de interés autonómico los ubicuos cajetines donde se guardan las llaves para su acceso. Es más, al más puro estilo valldemossí, se podrían crear pequeñas baldosas que, pegadas sobre esos cajetines en el dintel de nuestras puertas (eso sí, bajo la advocación de San Pedro, guardián de las llaves del Reino de los Cielos), nos recuerden, día sí día también, que si están ahí, es por nuestro interés.