La investigación impulsada por el Consell Insular sobre el alquiler turístico ilegal en Mallorca ha puesto cifras a una realidad que muchos, desde la simple observación del mercado, veníamos denunciando: hasta un 40% de las viviendas que se comercializan en las diversas plataformas de «alquiler vacacional» son ilegales. El estudio, al que han contribuido empresas tecnológicas y otras entidades colaboradoras del Consell, confirma las sospechas despertadas en julio, cuando tras cumplirse el plazo de 6 meses para la inscripción en el Registro único de alquileres creado por el Gobierno, menos del 50% de las viviendas censadas se habían inscrito.
Los propietarios de pisos vacacionales ilegales, al igual que otras actividades ilegales en torno al turismo como los taxis, las fiestas en casas y barcos privados, los guías sin licencia etc, no tributan por el desarrollo de su actividad económica, como hacemos el resto de los mortales y negocios, lo cual ya parece injusto en sí mismo porque mientras engrosan las cifras de la «economía sumergida» consumen recursos y servicios públicos y sobrecargan nuestros destinos, a los que restan también imagen y competitividad.
Por ello, coincido con el Conseller Rodríguez en que la falta de cumplimiento de sus obligaciones fiscales no es el principal perjuicio provocado por este negocio opaco: lo peor es que actúan fuera de las leyes de turismo, fuera de todas las regulaciones (sanitarias, laborales, de seguridad ciudadana, ruidos, etc.) y al margen de cualquier plan u ordenamiento racional del que nuestra comunidad se haya dotado para dimensionar sus recursos y garantizar una oferta y una experiencia de calidad, así como una adecuada convivencia.
Además, la dedicación de al menos un 50% del parque de vivienda de alquiler de nuestras islas al segmento vacacional (según el Banco de España) agrava la situación de «emergencia habitacional» de nuestras ciudades y destinos. Sin ánimo de simplificar el análisis, parece que la proliferación de alquileres ilegales podría estar influyendo también en las caídas de clientes y del «ticket medio» de gasto que preocupan estos días a patronales como las de Restauración o subsectores del comercio, a pesar de las previsiones de un verano de récord para el turismo.
Desde luego, la proliferación de pisos ilegales, calles llenas de candados y maletas, mínimo gasto en el destino y escuálida -en el mejor de los casos- generación de empleo, no nos acerca en absoluto al modelo de turismo sostenible que todos, ciudadanos y Administración, deseamos, y merma nuestra competitividad en un mundo cada vez más competitivo. Enhorabuena pues, al Consell insular por esta iniciativa que permite disponer de un riguroso (y esencial) diagnóstico de la situación, así como por la reciente apertura de dos canales de denuncias y consultas sobre alquileres ilegales, que apoyaran la difícil labor de la inspección en esta materia. Porque la imagen y competitividad de nuestros destinos nos concierne a todos.