El ex conseller balear de Comercio, Industria y Energía en la pasada legislatura, Josep Juan Cardona, será expulsado del Grupo del PP en el Parlamento autonómico y pasará al Grupo Mixto si no entrega su acta de diputado, algo que no hará, según ya ha comunicado el político de Eivissa.El secretario general del PP balear, Miquel Ramis, informó de la decisión de su partido y del Grupo Parlamentario Popular, después de que ayer Cardona solicitara la baja voluntaria de esta formación porque el juez del caso Scala le ha impuesto una fianza civil de 2,9 millones de euros.
En el caso Scala se investiga un presunto asunto de corrupción durante la pasada legislatura al inyectarse fondos económicos en el Consorcio Público para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) que, al parecer, habrían ido al bolsillo de particulares. "Confío en su buen juicio y en su buen criterio y en que ponga a disposición del partido su acta de diputado, esperemos que no tengamos que echarlo, espero que esto no llegue a suceder", declaró Ramis, quien manifestó su pesar a nivel personal por la situación de un veterano compañero de partido como es Cardona.
El secretario general recordó que el criterio del PP balear es "muy claro", cualquier militante imputado y a quien el juez imponga medidas cautelares debe abandonar temporalmente la formación popular y poner su acta a disposición del PP si se trata de un cargo electo.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha decretado una fianza de responsabilidad civil de 2,9 millones de euros para el ex conseller de Comercio, por su presunta relación con el desvío de unos cinco millones de euros a través del CDEIB.
El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJB, Antonio Capó, decretó una fianza civil de 2.940.380 euros para Cardona, lo que supone una rebaja de 1,9 millones de euros respecto a la solicitada el pasado día 21 de abril por los fiscales anticorrupción Juan Carrau y
Pedro Horrach, así como por la acusación particular en nombre del Govern, según informaron fuentes judiciales.
El magistrado opta por estas medidas cautelares por los posibles daños económicos derivados de la supuesta implicación de Cardona en los hechos investigados en el marco del caso Scala, que investiga la presunta trama de corrupción urdida la pasada legislatura en torno al CDEIB.