El presidente del Govern, Francesc Antich, se mostró hoy dispuesto a rebajar el sueldo de los miembros del Ejecutivo autonómico, en coherencia con la medida anunciada ayer por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de recortar el salario de los miembros del Gobierno un 15% como medida de austeridad para reducir el déficit que sufre el Estado.
Así, Antich consideró "lógico y normal" que si Zapatero pide un esfuerzo "colectivo" para recortar el gasto público, este esfuerzo se traslade a todas las comunidades autónomas y, por tanto, éstas apliquen las medidas que se desplegarán a nivel estatal, de forma que "las distintas comunidades autónomas las apliquemos todos igual, porque si no, no sería lógico", apostilló el presidente, quien compareció esta mañana en el Consolat de Mar para pronunciarse sobre el alcance de las medidas anunciadas ayer por el jefe del Ejecutivo.
Sin embargo, Antich no concretó este "alcance" puesto que aún es prematuro para saber cómo afectará a Baleares el recorte de inversiones anunciado por Zapatero, y que supondrá una reducción de la inversión pública de 6.045 millones de euros en 2011 y 2012. En concreto, señaló que al Govern "no le es posible entrar en el detalle" de las medidas porque aún le falta información.
En relación a la polémica disminución del 5% del sueldo de los funcionarios, Antich dijo que "habrá que ver qué alcance tendrá esta medida en los distintos empleados públicos", porque, según dijo, no afectará de igual forma a todos los funcionarios de la comunidad.
Preguntado sobre el esfuerzo que el Gobierno central ha pedido a comunidades autónomas y a ayuntamientos, de los que espera un ahorro adicional de 1.200 millones de euros, Antich reiteró, como ya hiciera ayer, que Baleares es la comunidad que "con diferencia" ha aplicado "mayor austeridad" en sus cuentas este año, con un recorte del 6% del presupuesto y del 6,5% de la deuda.
Pero, pese a este gran esfuerzo que ya ha realizado Baleares, el severo plan de austeridad anunciado por Zapatero obligará al Govern a llevar a cabo nuevas medidas dirigidas a acelerar la bajada del déficit. En concreto, aludió a "recortes de personal, ralentización de inversiones y fusión de empresas públicas".
Iniciativas que "de ninguna de las maneras" afectarán a los servicios prioritarios como "la salud, servicios sociales y educación", puntualizó el presidente, y aclaró: "Se trata de acciones pensadas de forma prioritaria en aquellos que hoy no tienen trabajo", por lo que "queremos dar la máxima confianza a la economía para que todas las familias que no tienen trabajo encuentren un empleo".
Antich, quien esta mañana mantuvo reuniones con varios de sus consellers, indicó que ha dado la orden a sus responsables autonómicos para que se pongan en contacto con los ministerios homólogos para que tengan la "máxima" información sobre el alcance de las medidas, que calificó de "drásticas y dolorosas".
El presidente también hizo visible la falta de información que todavía adolecen las comunidades autónomas sobre cómo les afectará el recorte inversor anunciado por el Gobierno, al reconocer que desconoce cómo repercutirá en Baleares el ahorro de 1.200 millones de euros que el Ejecutivo ha asignado a CCAA y ayuntamientos.
Sí recalcó que confía en que no dañe a la principal industria de la comunidad, el turismo, y para ello anunció que las Consellerias y demás organismos competentes harán lo que les corresponda para que si algunas inversiones en este ámbitos se vieran mermadas, procurar que las partidas y proyectos previstos se desarrollen con celeridad.
Reforzar la inversión privada
En este sentido, explicó que el Govern trabajará para "intentar poner en marcha todas las medidas legislativas y de acción de gobierno que faciliten la inversión privada". Como ejemplo, señaló que si hay proyectos del 'Plan Renove' que se vean frenados por la burocracia, la Conselleria de Turismo analizará como hacer que se lleven a cabo".
Con ello, concluyó, el Govern hará "todo lo que sea necesario para que el dinero privado se mueva y genere inversiones". Antich anunció reuniones con los sindicatos UGT y CCOO y con las patronales CAEB y Pimem para trasladarles las medidas que ejecutará el Gobierno, y que contemplan una disminución del 5% del sueldo de los funcionarios, la eliminación del cheque bebé y de la retroactividad en el cobro de la prestación y una congelación de las pensiones, entre otras medidas que supondrán un importante recorte social.