El conseller de Presidencia del Govern, Albert Moragues, ha reconocido este miércoles que la Ley del Sector Público Integral, aprobada este martes por unanimidad en el Parlament, "no es una garantía" de que no se produzcan más casos de corrupción política en las islas, si bien ha remarcado que esta nueva normativa "dificultará" que tengan lugar tramas como las destapadas recientemente en relación a la gestión de las instituciones de Baleares en la anterior legislatura.
Durante la presentación de la campaña de productos locales en las instalaciones de Eroski de la calle Aragón (Palma), Moragues ha asegurado que "quien quiera hacer la fechoría siempre tendrá alguna posibilidad de hacerla", por lo que la "obligación" de las instituciones es, en su opinión, "poner dificultades" y "normas de control" para que la corrupción "no sea posible".
Así, el conseller de Presidencia ha recordado que "el cien por cien" de los casos que tuvieron lugar durante el pasado mandato estuvieron relacionados con las empresas públicas, mientras que ninguno de ellos afectó a la Administración porque en ella existen, ha dicho, medidas de control "más grandes". Por ello, ha explicado que el objetivo de la nueva Ley es "exportar" de la Administración al sector público algunas de estas medidas de control para evitar las corruptelas en la gestión del mismo.
En este sentido, Moragues ha aseverado que este texto implementa los recursos "para que sea más difícil que algún desaprensivo que se dedique a la política meta mano en la caja", que, según sus palabras, "es lo que pasó en la anterior legislatura".
En cualquier caso, el titular de Presidencia ha destacado el consenso con el que se ha aprobado esta norma al afirmar que en Baleares "no es fácil concitar un acuerdo unánime". "Todo el mundo piensa que ésta es una Ley imprescindible, ya que intenta poner orden en un sector público", ha reiterado en esta línea.