El Grupo Parlamentario Socialista ha reclamado la retirada inmediata del proyecto de Ley General Turística presentado por el Govern y que se vuelva a redactar desde el consenso y el diálogo con los agentes económicos, sociales e institucionales implicados.
Así lo ha expuesto a los medios la portavoz del grupo, Francina Armengol, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por los diputados socialistas Joana Barceló y Jaume Carbonero, quienes han afirmado que, en caso de que el Govern no vuelva a redactar la ley, los socialistas presentarán una enmienda a la totalidad para que sea devuelta.
Armengol ha asegurado que este proyecto, el cual considera "fundamental" para la comunidad, no cuenta con el apoyo de la mayor parte del sector turístico y que, además, "prima intereses particulares" por encima del general.
La socialista ha considerado que el actual proyecto de ley "sólo servirá para crear más paro y destruir territorio" al "favorecer la especulación urbanística" e "hipotecar" el futuro económico de Baleares.
Asimismo, ha indicado que la ley "imposibilitará" la rehabilitación de las zonas turísticas y dará "más facilidades a quienes cierran un hotel que a aquellos que quieren mantenerlo o abrir uno nuevo".
Por otra parte, la portavoz se ha mostrado contundente al afirmar que el cambio de uso que posibilita el proyecto de ley "va en contra de la creación de puestos de trabajo y perjudica la economía productiva" puesto que, a su entender, favorece la "especulación urbanística".
Además, ha destacado "la discrecionalidad de lo corriente" y "la cantidad de excepciones" que prevé la norma, algo que posibilitará que el conseller de Turismo, Carlos Delgado, "haga lo que quiera y con quien quiera", ha apostillado.
La portavoz del Grupo Parlamentario ha explicado también que esta ley "va contra los trabajadores, contra la oferta complementaria, contra el turismo de calidad, contra el territorio y contra la economía de las Islas Baleares".
EN CONTRA DE AYUNTAMIENTOS Y CONSELLS
Por su parte, la diputada Joana Barceló ha destacado "el ataque frontal" que representa este proyecto de ley contra la autonomía municipal y los consells insulares, puesto que les resta competencias, al tiempo que ha apuntado que tendrá un "difícil encaje" dentro del ordenamiento jurídico, tanto en la Constitución Española como en el Estatuto de autonomía.
En referencia a los consells insulares, la diputada socialista ha dicho que la competencia en materia de ordenación turística la ejercen actualmente los consells (a excepción del de Mallorca), si bien con la ley quedaría suspendida. En cuanto a los ayuntamientos, Barceló ha destacado que será el Govern el que autorizará el cambio de uso, incluso cuando esté fuera del planeamiento urbanístico municipal.
"Con esta ley, será el conseller de Turismo quien dará licencias para hacer viviendas", ha concluido Barceló, quien ha subrayado también que el redactado actual "hipoteca cualquier reconversión turística en zonas degradadas".
En referencia al "todo incluido", Barceló ha lamentado que "sólo hay un cambio de nombre" y que, incluso, se incrementa esta práctica, puesto que se facilita su extensión con empresas mixtas y se ofrecen los servicios del establecimiento hotelero a los habitantes de su entorno, ha explicado.
AMENAZA AL SUELO RÚSTICO
Finalmente, el diputado Jaume Carbonero ha recalcado que esta ley supone una "amenaza" para el suelo rústico de Baleares, dado que rebaja la extensión mínima de hoteles rurales o agroturismos (se pasa de los 50.000 y 25.000 metros cuadrados actuales, respectivamente, a los 49.000 y los 21.000 metros cuadrados).
Asimismo, ha agregado que se incorpora al uso turístico cualquier construcción existente con anterioridad al 1 de enero de 2012, "pese a que sea ilegal", además de que rebaja el control con la eliminación de la declaración de interés general y la evaluación de impacto ambiental.