El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, que ha condenado a seis años de prisión al expresidente del Govern Jaume Matas por la contratación fraudulenta de quien fuese redactor de sus discursos, Antonio Alemany, asevera en su sentencia que fue el exmandatario balear quien "concibió la idea" de arbitrar un concurso público que al margen de los cauces legales permitiese contar con los servicios del periodista.
Una convocatoria de la que, tal y como considera probado la resolución judicial, resultó adjudicataria la agencia de comunicación Nimbus, cuyo administrador, Miquel Romero, ha sido condenado a un año y un mes de prisión. Todo ello restringiendo al máximo la posible concurrencia de otras empresas licitadoras, tramitando por vía de urgencia el expediente y facilitando a Nimbus, empresa "de máxima confianza", la máxima información previa "para colmar sobradamente la oferta".
La sentencia asevera que el contrato, formalizado con Nimbus -que en mayo de 2003 se había encargado de la organización de la campaña electoral del PP- en noviembre de ese año, sirvió de pantalla para poder pagar la redacción de las intervenciones públicas a través de Nimbus.
Sin embargo, la Sala asevera que el contrato administrativo adjudicado realmente por servicios de consultoría y asesoramiento en materia informativa, "carecía de auténtica causa impulsora; ninguno de sus objetivos se cumplió, y sólo sirvió para retribuir al señor Alemany todos los servicios que el presidente Matas le encomendó, y que efectivamente llevó a cabo".
Mediante esta fórmula se permitía mantener "en el anonimato" a Alemany como asesor del entonces jefe del Ejecutivo balear; que éste pudiera seguir dedicándose tanto a sus actividades privadas como a su actividad como articulista, singularmente con sus crónicas político-sociales -lo que "indirectamente, por afinidad ideológica con el PP, iba a comportar naturalmente un beneficio al partido o al presidente"-, y por último retribuirle "debidamente" con cargo a las arcas de la Comunidad Autónoma.
De hecho, el precio a abonar por estos servicios ficticios quedó establecido en 110.200 euros de 2003 a 2005, pagos a los que siguieron una prórroga por un importe de 87.243 euros hasta 2007 después de que el exdirector general de Comunicación Joan Martorell -condenado en esta pieza a un año y medio de cárcel- emitiese un informe en el que, "faltando a la verdad, indicó que el contrato con Nimbus se estaba ejecutando satisfactoriamente".
La resolución recuerda que la forma de pago en favor de Alemany se instrumentalizó mediante facturas por unos 4.600 euros mensuales, con las que se justificaba el desarrollo de la actividad contratada y cuyo importe resultaba de aplicar una comisión de en torno al 5 por ciento que percibía el administrador de Nimbus por prestarse como pantalla. Unas comisiones que, en total, ascendieron a 8.725 euros.
449.734 EUROS PÚBLICOS PARA IMPULSAR UN DIGITAL AFÍN AL PP
Por otro lado, otro de los hechos a los que hace referencia el tribunal es la concesión a Alemany de una subvención de 449.734 euros para la puesta en marcha de la Agencia Balear de Noticias (ABN), con la que el periodista camufló la verdadera intención de la subvención: poner en marcha un periódico digital -Libertad Balear- afín a la actuación del Gobierno del PP.
Así las cosas, Alemany situó a uno de sus sobrinos como administrador único de ABN presuntamente para ocultar su participación y poder solicitar la subvención, si bien "desde el mismo día de la constitución de la sociedad quien la dirigió fue el señor Alemany", tal y como relata la sentencia. Mediante la presentación de facturas cuyo concepto era inveraz, Alemany justificó la presunta actividad desplegada por ABN y sus colaboradores.
CONTRATO DE 11.500 EUROS POR REPORTAJES INEXISTENTES
Finalmente, la resolución alude a un contrato menor que se le concedió por 11.500 euros a Consultores de Información de Baleares -administrada por Alemany- por la publicación de entrevistas y reportajes en la prensa deportiva de ámbito nacional, y de cuya existencia no hay constancia.
La sentencia señala que la tramitación del contrato fue iniciada por Martorell, a pesar de que éste "sabía perfectamente que el contrato únicamente respondía a un deseo particular del señor Alemany de incrementar sus ingresos". "Pese a ello, se dejó llevar por el asiduo trato que con éste mantenía y con el que Alemany mantenía con el presidente Matas", añade el tribunal, que sin embargo subraya que no consta acreditado que esta contratación se llevase a cabo a instancias del exmandatario balear.