El PP ha decidido ganar unos días y dar un respiro al presidente del PP balear, Pere Rotger, imputado ayer por el juez Castro por su presunta implicación en el caso Over, al acordar esperar a su declaración del próximo día 18 para exigirle o no responsabilidades y el cese en sus cargos.
En un comunicado hecho público ayer, el PP ha antepuesto una "exigencia de celeridad a la Justicia para que resuelva el caso" a la de exigir responsabilidades a uno de sus pesos pesados, Pere Rotger, dejando el cumplimiento de su código ético sobre las imputaciones para más adelante.
Al PP, la celeridad con la que el juez ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones respecto del alcalde de Inca, Rafel Torres, después de tomarle declaración el jueves como imputado, le ha venido como anillo al dedo para argumentar la conveniencia de esperar a las explicaciones que dé Rotger ante el juez, antes de tomar decisiones sobre su futuro en el partido y en el Parlament.
En este sentido, el PP muestra su respeto a la Justicia y su satisfacción por lo rápido que se ha resuelto el tema del alcalde inquer, destacando que se ha evitado así prolongar el sufrimiento de una persona "cuya integridad personal quedaba en entredicho".
Así, el PP reclama la misma celeridad para el resto de personas que se vincula al caso y recuerda el derecho de todos a la presunción de inocencia.
Por la mañana, tras el Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo, Rafael Bosch, ya había avanzado cuál sería la estrategia del PP respecto al president del Parlament: la de darse un tiempo antes de decidir sobre Pere Rotger.
Bosch dijo de entrada que el código ético del PP contempla que si un miembro de la formación es imputado –como lo fue ayer Pere Rotger- éste debe poner su cargo a disposición del partido, para que los órganos internos de éste decidan en consecuencia.
Por tanto, según añadió, Rotger debería hacerlo. No obstante, a renglón seguido Rafael Bosch añadió que "lo razonable" es que lo haga tras su declaración del día 18. De esta manera, el partido esperará porque, según Bosch, sería "parajógico" que se obligara a Rotger "a poner su cargo a disposición del partido y posteriormente el juez le retirase la imputación".
El conseller d'Educación mostró su "respeto" a las actuaciones judiciales, y recordó que el código ético recoge tres aspectos destacados: que el PP balear no llevará imputados en sus listas electorales, que los imputados deben poner su cargo a disposición del partido, y que se inicia el proceso de expulsión si hay medidas cautelares. "Se seguirá el procedimiento habitual", añadió.
Eso sí, siempre y solo si es necesario después de la declaración de Rotger ante el juez Castro.
El PP recuerda en su comunicado los puntos esenciales de su código ético respecto de los asuntos judiciales y dice expresamente que se adoptó tras las elecciones de 2011 y que éste "sigue vigente".
El artículo 9 de este código recoge que los cargos públicos pondrán su cargo inmediatamente a disposición del partido en caso de resultar imputados. Y será el partido, con sus órganos internos, el que decidirá en consecuencia.
El artículo 10 establece que en el caso de que un cargo público resulte procesado con cualquier tipo de medidas cautelares, será inmediatamente suspendido cautelarmente de militancia en el PP, y deberá cesar inmediatamente en el ejercicio de su cargo.
Dicho código ético fue una gran apuesta del presidente José Ramón Bauzá para establecer una gran línea divisoria entre los casos de corrupción ligados a la legislatura de Jaume Matas y su mandato. Sin embargo, la imputación ya concretada de actuales cargos y la posibilidad de que se deriven nuevas imputaciones en investigaciones en curso ha abierto un importante debate en el seno del PP balear respecto de cómo debe aplicarse ese código.
Ahora la decisión sobre Rotger, amparada en el rápido sobreseimiento del caso para el alcalde de Inca, Rafel Torres, parece marcar el camino que han decidido tomar: aguardar a la declaración judicial y las consecuencias que de ella se deriven.