Las empresas del sector de los 'rent a car' en Balears han aprovechado la reunión que han mantenido esta mañana con el vicepresidente del Govern, Josep Ignasi Aguiló, para mostrarle su "rotunda oposición" al nuevo impuesto planteado por el Ejecutivo y que afecta a los vehículos de alquiler.
En un comunicado, el presidente de la Asociación Balear de Alquiler de Vehículos con y sin conductor (Baleval), Antoni Masferrer,ha expresado su enérgica oposición a este impuesto, que pretende recaudar entre 3,5 y 9 euros por vehículo y día con la "excusa del ecologismo".
"Es una barbaridad pretender implantar un impuesto que puede representar en algunos casos el mismo importe que el precio de alquiler del vehículo", ha manifestado el presidente de Baleval y portavoz del colectivo en la reunión.
Por su parte, el presidente de la CAEB, Josep Oliver, se ha manifestado contrario a la aplicación del impuesto, porque, a su juicio, "restará competitividad al sector en Balears con respecto al resto del Estado".
Mientras, el presidente de la patronal nacional de vehículos de alquiler Fenebal, Miguel Ángel Saavedra, ha advertido de que, en caso de llevarse a cabo la aplicación de dicho impuesto, habrá una caídadel 30% en los alquileres de vehículos, al tiempo que se registrará el cierre de "un gran número de empresas y la pérdida de competitividad del sector turístico en Balears".
Las empresas de los coches de alquiler han indicado que este impuesto obedece a una "imposición no consensuada y que ni siquiera es compartida por el Gobierno central, según manifestó el propio ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria".
En opinión del sector, este tributo supondría una "dificultad más" para la viabilidad de las empresas de alquiler de vehículos de las islas y "contribuiría todavía más al estancamiento de la economía y la competitividad del sector turístico en Baleares".
Por estas razones, las empresas de alquiler de vehículos han solicitado a Aguiló que no se lleve a la práctica la aplicación de este impuesto y han ofrecido su colaboración al Govern para trabajar sobre posibles medidas que puedan "mejorar la regulación del sector e impulsar su crecimiento y competitividad, siempre desde el consenso y el interés general".