La Fiscalía Anticorrupción extenderá la fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros, que prevé solicitar este miércoles ante el juez instructor del caso Nóos, al conglomerado de empresas de las que tanto el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, como su exsocio Diego Torres eran propietarios y administradores, y a través de las cuales se hicieron presuntamente con los fondos públicos y privados que obtuvieron de Administraciones públicas y de entidades privadas.
Así lo han precisado fuentes de la investigación a Europa Press, que han concretado que se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de la causa junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.
Sin embargo, ni Urdangarin ni Torres serán los únicos para quienes el Ministerio contempla solicitar fianza, puesto que será más adelante cuando, previsiblemente, reclamen una nueva caución para otros imputados de la causa, a razón de su intervención en este entramado societario, tal y como han apostillado las mismas fuentes.
En concreto, la fianza que este miércoles el fiscal Pedro Horrach solicitará al juez, junto al resto de acusaciones del caso, estará basada en los distintos convenios rubricados por Nóos con las distintas entidades públicas, como los 1,2 millones de euros del convenio de colaboración con la Fundación Illesport para el primer Illes Balears Forum, celebrado en el año 2005, y los 1,085 millones por el segundo, correspondiente a 2006.
La caución también tendrá en cuenta los fondos obtenidos de la Generalitat Valenciana por las tres ediciones del evento Valencia Summit; los ingresados por Nóos de cara a la celebración de los Juegos Europeos que finalmente nunca llegaron a celebrarse y otros convenios como el relativo al patrocinio del equipo ciclista Illes Balears.
Las acusaciones apuntan a que, para hacerse con los fondos percibidos por el Instituto, tanto Urdangarin como su exsocio fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado societario de Nóos. Cantidades que acababan presuntamente así en manos de empresas controladas por los dos imputados.