El conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés, ha asegurado este martes que el proceso de reestructuración llevado a cabo en la administración balear ha supuesto un ahorro de más de 25 millones de euros.
Así lo ha indicado durante una interpelación del pleno de este martes, en la que también ha remarcado que esta reestructuración supondrá que "el edificio de la administración saldrá reforzado" y permitirá mantener a sus "inquilinos" con mayores garantías y confort.
Además, ha criticado al Govern del Pacte por no haber llevado a cabo este proceso cuando gobernaron. Según ha manifestado el conseller, el anterior Ejecutivo balear llevó a cabo el dicho de "el que venga detrás, que cierre la puerta" puesto que, según su opinión, "veían el cambio de panorama político".
Gornés ha indicado que, antes de llegar al poder, el PP sabía que la "sobredimensión" de la administración balear "hacía difícil su mantenimiento" y que, por lo tanto, era necesario adaptarla "a la realidad socio-económica actual" y que contase con una "estructura, clara, transparente y adaptada a las necesidades de los ciudadanos".
Por su parte, el diputado de MÉS, Nel Martí, ha considerado que los trabajadores públicos están siendo "muy mal tratados" durante esta legislatura. Asimismo, ha recordado que conocen siete sentencias que han sido desfavorables a la administración sobre despidos y una que da la razón al Govern, por lo que ha calculado que, si estos fallos afectan a 250 trabajadores, las indemnizaciones podrían ascender a más de 40 millones de euros.
Por ello, Martí ha preguntado al conseller los datos concretos de las sentencias, si bien sobre esta materia Gornés únicamente ha detallado que solo se han interpuesto 123 recursos, una cifra que ha considerado "menor".
Asimismo, el econacionalista, en relación a la metáfora efectuada por el conseller sobre el edificio de la administración, ha considerado que este inmueble "debe salir reforzado, pero no a costa de los derechos de los trabajadores", ha sentenciado Martí.
Finalmente, Gornés ha señalado que, entre julio de 2007 y julio de 2011, se incorporaron 6.000 empleados públicos, una cifra que Martí ha achacado al proceso mediante el cual se pasó el personal estatutario a una nueva situación.