El Ejecutivo balear ha aprobado en un Consell de Govern extraordinario un Decreto Ley, que garantiza la aplicación del Tratamiento Integrado de Lenguas para el curso 2013-2014, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears haya suspendido de manera cautelar la aplicación de su anexo y las instrucciones por un error procedimental.
En un comunicado, el Govern ha explicado que con la intención de que todo esté apunto en los siguientes cursos, el Govern anulará el anexo y las instrucciones suspendidas por el TSJB y volverá a redactar un nuevo artículo 20 para que quede claro el equilibrio de las tres lenguas (las dos oficiales de la Comunidad Autónoma
A pesar de la suspensión del TSJB, el Govern resalta que los dos autos de este tribunal respetan el fondo del nuevo proyecto educativo, por lo que ha insistido en que el nuevo Decreto garantizará la aplicación del TIL, "como estaba previsto" antes de la decisión del TSJB abril, y de las Instrucciones de aplicación del TIL, de 9 de mayo.
En este sentido, el Ejecutivo de José Ramón Bauzá ha reiterado que la resolución del TSJB "se basa solo en un error procedimental y, de hecho, en cuanto al fondo del Decreto TIL, el auto lo comparte y, además, no detecta que altere ninguna normativa, ni el proceso de normalización lingüística".
Así lo corrobora, a juicio del Govern, el propio texto de la resolución judicial, que señala que "por ello, no obsta a que podamos afirmar que, en el entorno jurídico, social, económico, cultural y político en el que nos encontramos, resulta notorio que conseguir un sistema educativo donde se permita que los alumnos o educandos obtengan más amplios, más diversos y más profundos conocimientos lingüísticos constituye un objetivo que beneficia no solo a la sociedad en general, sino en mayor medida al futuro de nuestros niños y jóvenes, en particular".
De hecho, prosigue el texto judicial, esta finalidad subyace en las propias políticas de la Unión Europea, como se destaca por la Administración Balear, como también por todas las instituciones que han participado mediante sus informes y dictámenes, en el procedimiento de génesis del reglamento impugnado.
El Govern añade que en los autos, se apunta que "en el asunto que nos ocupa, esta Sala no aprecia, prime facie, que la regulación contenida en el Decreto recurrido infrinja de forma notoria los preceptos estatutarios y legales referentes al proceso de normalización lingüística".
El Ejecutivo balear prosigue que el TSJB indica que la introducción en el sistema educativo de una tercera lengua vehicular implica, lógicamente, un detrimento del número de horas y asignaturas impartidas en catalán, pero también en castellano, sin que se colija que la ordenación prevista en el reglamento impugnado atente a este objetivo de conseguir un uso normal y equiparado entre la lengua catalana y la castellana en el ámbito educativo.
"Tampoco aparece como evidente que el Decreto impugnado infrinja de forma manifiesta ni los derechos de los alumnos, ni los derechos laborales de los funcionarios de carrera ni de los interinos, sin que se hayan citado preceptos legales en los que se recojan estos postulados presuntamente conculcados", señala el TSJB.
ADJUDICADAS LAS PLAZAS ESCOLARES
El Govern ha remarcado que la aprobación del nuevo Decreto Ley se ha hecho necesaria, ya que el proceso de adjudicación de destinos provisionales ya se ha llevado a cabo y ha afectado a casi 7.800 aspirantes a funcionarios interinos y a 1.135 funcionarios de carrera, suponiendo la adjudicación de plazas a 2.036 aspirantes a funcionarios interinos docentes, así como a 960 funcionarios de carrera, incluidas las plazas con el perfil mencionado.
En esta línea, estima que resultaría "materialmente imposible" reconducir, y mucho menos repetir este proceso para adecuarlo a una nueva realidad marcada por la suspensión del calendario de aplicación del Decreto 15/2013, teniendo en cuenta que su finalidad es que "buena parte de la plantilla docente tenga un destino y se incorpore a este el primer día de curso escolar".
Finalmente, el Ejecutivo autonómico aclara que el nuevo Decreto no entrará en vigor hasta que no se publique en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB).